El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) alertó este lunes que las provisiones no son suficientes para financiar el reajuste al sector público que propone el Gobierno de Gabriel Boric, por lo que se requerirá "un esfuerzo exigente" de reasignaciones en el marco del Presupuesto 2026, que estará a cargo de la administración del Mandatario electo José Antonio Kast.
El organismo acudió esta jornada a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, donde presentó su análisis al financiamiento del proyecto de reajuste al sector público.
En esa marco, la presidenta de la CFA, Paula Benavides, señaló que las
"presiones sobre el gasto público que no hayan sido previstas en la Ley de Presupuesto podrían general riesgo de incumplimiento de las metas fiscales", señaló un comunicado.
Benavides indicó que en octubre pasado, el CFA advirtió que la Ley de Presupuesto 2026 no contemplaba un ajuste por inflación, subrayando que cualquier medida adicional debía enmarcarse en los límites del presupuesto aprobado, a fin de resguardar la meta de Balance Estructural de este año.
"De no materializarse dicho esfuerzo, se generaría presión sobre el resto del presupuesto, comprometiendo el cumplimiento de la meta fiscal correspondiente", dijo Benavides.
Sobre el costo fiscal del proyecto, la titular del CFA detalló que es de US $1.1669 millones, equivalente al 1,7% del gasto público aprobado.
"De este, US$876 millones están asociados al reajuste de remuneraciones y subvenciones, representando el 52% del costo total estimado. Los restantes US$793 millones están destinados a financiar beneficios adicionales (48% del costo estimado), tales como bonos y
aguinaldos del sector pasivo, cotizaciones del empleador para Atención Primaria de Salud (APS) e incentivos al retiro, entre otros", señaló.
La Ley de Presupuesto 2026 reestructuró la arquitectura de provisiones del Tesoro Público con la asignación de US$961 millones (0,26% del PIB), destinados al financiamiento de proyectos de ley en estudio, en trámite y otras provisiones variables (emergencias); y con la asignación de US$1.236 millones (0,34% del PIB), orientadas a leyes permanentes con gasto aleatorio (bonificaciones por incentivo al retiro, indemnizaciones, bonos permanentes, Art. 1° Ley N°21.735, entre otros).
Además, US$616 millones fueron presupuestados para el financiamiento del reajuste del sector público, y US$345 millones para proyectos de ley en trámite y otras provisiones variables.
Por lo anterior, Benavides alertó: "El financiamiento del proyecto de reajuste 2026 recae fundamentalmente en las provisiones y capacidades de reasignación", recordando que en 2026 no se contempló la aplicación del inflactor, que en años anteriores contribuyó de manera significativa a su financiamiento (2014 40%; 2018 52% y 2022 61%).
La economista explicó que el costo del reajuste (descontando la disposición en el subtítulo 21 por aplicación del inflactor) reduce las holguras en las provisiones a 0,07% del PIB, muy por debajo de años anteriores (2014: 0,27% del PIB; 2018: 0,25% del PIB).
Asimismo, señaló que el Ministerio de Hacienda detalló la existencia de otras dos fuentes de financiamiento al reajuste salarial, ambas relacionadas a los incentivos al retiro: 1) que con la aplicación del artículo 10 de la Ley de Presupuestos que establece que, por cada tres funcionarios que se retiren, solo se puede contratar a uno, se generaría un ahorro de US$119 millones (0,03% del PIB) del subtítulo 21, según la Dirección de Presupuestos (Dipres), y 2) que se prevé que de la asignación 275 se utilicen US$111 millones (0,03% del PIB) para el financiamiento de incentivos al retiro del Poder Judicial, médicos y para el financiamiento de la cotización del empleador para APS y subvenciones.
En ese sentido, Benavides concluyó: "Se observa que existen presiones de financiamiento por US$822 millones (0,22% del PIB), descontando al costo del reajuste los US$616 millones de lo provisionado y los US$230 millones de las mitigaciones antes señaladas".
Con las cifras expuestas, Benavides aseguró que "el CFA estima, según antecedentes entregados por el Ministerio de Hacienda, que para financiar el reajuste del sector público de 2026, se requerirá un financiamiento adicional de, aproximadamente, US$822 millones respecto de las fuentes identificadas, lo que es un esfuerzo exigente".
Además, dijo que el financiamiento adicional requerido para cubrir esa brecha debería provenir de reasignaciones y/o de un mayor uso de las provisiones.
Al término de su presentación, Benavides subrayó que "el proyecto de reajuste involucra gastos permanentes, lo que introduce presiones de igual naturaleza, por lo que las fuentes de financiamiento deben ser permanentes, lo que no se da, por ejemplo, en el diferimiento de contrataciones".
También recalcó que la heterogeneidad y cantidad de normas misceláneas de la iniciativa eleva el riesgo de efectos fiscales no previstos o de imprecisiones en su estimación, especialmente dadas las restricciones de tiempo para su análisis durante la tramitación legislativa.
Finalmente, sostuvo: "El Consejo advierte que el proyecto de ley de reajuste 2026 se formula en un escenario de estrés fiscal, caracterizado por déficit estructurales persistentes, incumplimientos de las metas de BE, un nivel de deuda bruta cercano al nivel prudente y un bajo nivel de activos en el Fondo de Estabilización Económica y Social, entre otros". Y, en ese contexto, el CFA recomienda que Dipres explicite detalladamente las fuentes de financiamiento adicionales del reajuste, ya sea mediante reasignaciones presupuestarias y un mayor uso de las provisiones del Tesoro Público.
