Recibir dinero y pedir nombramientos: El detalle de los cargos formulados contra los tres ministros de Rancagua

Todos los implicados fueron notificados de la situación durante esta mañana. Dos de ellos en el Palacio de Tribunales y uno en el despacho de su abogado.

29 de Mayo de 2019 | 12:42 | Por Tamara Cerna, Emol
El Mercurio.
SANTIAGO.- Hasta las oficinas privadas de la Corte Suprema llegaron a primera hora dos de los tres suspendidos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua para ser notificados, por separado y en privado, de las conclusiones de la investigación interna que desarrolló la suprema Rosa María Maggi.

El primero fue Marcelo Vásquez, y luego le siguió Marcelo Albornoz. Ninguno emitió declaraciones. Emilio Elgueta, en tanto, fue comunicado en el despacho de su abogado, ubicado en las cercanías del Palacio de Tribunales.

Minutos antes, por su parte, la ministra entregó a la presidencia del máximo tribunal el informe final del la indagatoria que inició en diciembre.

Según consta en el documento, los tres serían autores de una serie de irregularidades ligadas a la tramitación de causas y designación de cargos. La situación, catalogada de "grave" por la ministra, implicó que esta pidiera la suspensión de funciones por cuatro meses y sugiriera a la Suprema iniciar un proceso de remoción.

Los cargos


Los detalles del informe los entregó esta mañana el ministro vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas, quien precisó que las conclusiones pasan en primer lugar por sobreseer varios aspectos y varias personas que fueron de alguna forma tocadas en la investigación.

En concreto, hay sobreseimiento parcial respecto de los mismos ministros en cuestión en cuanto algunos hechos que fueron motivo de los cargos. Hay suspensión definitiva de la indagatoria llevada contra los otros integrantes de la Corte que intervinieron en algunas resoluciones; del personal de Corporación Administrativa del Poder Judicial; de un juez de Garantía; y el secretario de la Corte.

"Todas estas conductas son calificadas por la señora ministra (Rosa María Maggi) como muy graves".

Vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas.
En tanto, los cargos formulados a los suspendidos dicen así:

- Marcelo Vásquez: haber dictado una resolución en la cual nombró a su hija en calidad de consejero técnico suplente en un tribunal; haber prestado consejo al médico Luis Arenas Contreras, "con quien lo une una relación de amistad a sabiendas del incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno decretado en una causa" por tráfico de psicotrópicos y estupefacientes.

Así también, Maggi lo acuso de haber modificado, en su calidad de presidente de la Corte, la integración de las salas de ese tribunal en un día determinado "sin justificación ni motivo legal", participando él en la vista de una causa del caso Caval.

- Emilio Elgueta: en cuanto al ministro que también fue formalizado por el Ministerio Público, se le imputó haber intervenido en la tramitación y fallo de un recurso de protección interpuesto por Arenas, "con quien tenía un vínculo de amistad, proporcionándole información desde el momento mismo que el recurso -de protección- ingresó a la Corte".

Ello, además de haberse comunicado telefónicamente con los abogados y las partes integrantes de diversos procesos; haber solicitado al fiscal regional de O'Higgins designar un cargo en la fiscalía regional a su ex cónyuge y a una alumna, "recriminándole luego haber exigido pruebas de admisión y rechazando el requerimiento".

Elgueta también fue acusado de exigir la designación de una alumna en el Primer Juzgado Civil de Racangua y "haber requerido y aceptado así una cantidad dinero por parte de un Juez de Garantía".

- Marcelo Albornoz: los hechos imputados a Albornoz vuelven a involucrar a Arenas, con quien también lo une una relación de amistad. En concreto, el ministro "solicitó la suma de $1.500.000 mientras este (Arenas) se encontraba incumpliendo una medida cautelar".

"Todas estas conductas son calificadas por la señora ministra como muy graves", acotó el vocero.

A contar de hoy comienza a correr el plazo de tres días hábiles para que los involucrados soliciten alegatos. En tanto, estimó Cisternas, la causa debería verse en dos semanas más.
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