SANTIAGO.- La intervención policial en el Liceo 7; el uniformado grabado usando a un joven como "escudo humano" en medio de protesta en Rancagua; y las lesiones a un observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Todos ellos son casos por los que actualmente se encuentran en marcha investigaciones internas en Carabineros. Así también, forman parte de los casi 200 sumarios que se han originaron durante la crisis social.
Así lo confirmaron fuentes de Emol, quienes precisaron que, de estas casi 200 indagatorias, al menos 28 -contados hasta la mañana de martes 5 de este mes- corresponden a procesos generados producto de querellas interpuestas -no solo anunciadas- por el INDH.
El resto, en tanto, obedece a procesos iniciados por iniciativa de la institución. El mismo general director, Mario Rozas, señaló en más de una oportunidad que los mismos registros viralizados han servido de insumo para las aperturas.
"Ya hemos iniciado los sumarios administrativos correspondientes para poder establecer la certeza administrativa. Y si hay alguna responsabilidad, vamos a adoptar las medidas del caso. Somos los más interesados de que, en cuanto al control del orden público, las cosas se hagan de acuerdo a los protocolos de actuación que hemos diseñado", señaló en su oportunidad la autoridad.
¿Quién investiga?
Actualmente, el proceso investigativo se lleva a cabo por las fiscalías administrativas de Carabineros, las cuales están divididas por prefecturas. Previamente, la situación se incubaba en las unidades respectivas.
Los procesos, que recaen en personal con experiencia en labor administrativa, entre ellos uniformados y abogados, están regulados en un reglamento que data de 2015 y que se mantiene vigente.
De acuerdo al documento, los sumarios pueden ser originados para determinar beneficios, la constatación de enfermedades, determinar el grado de responsabilidad en faltas disciplinarias, y apreciar administrativamente la responsabilidad de los funcionarios acusados de un hecho delictual.
Se señala que los jefes y oficiales en cuyo sector ocurra un hecho que dé origen a sumario, "dispondrán de inmediato" que un funcionario, en calidad de fiscal ad hoc, practique las primeras diligencias, entre ellas declaraciones a los heridos -de haber-, interrogar a los testigos, fijar el sitio del suceso, entre otras.
Posteriormente, se designará un fiscal titular, quien siempre será de mayor antigüedad que el indagado y que no tendrá lazo de parentesco, "amistad íntima o de otra índole, que puedan entrabar su libertad de acción o ecuanimidad en sus procedimientos". Él nombrará un secretario, a quien encargará diligencias.
Tiempos y final
En general, los sumarios deben instruirse en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente que el fiscal reciba los antecedentes.
Sin embargo, los tiempos que tardarán efectivamente los procesos dependerán de elementos como, contingencia y mérito de los antecedentes, considerando que el fiscal podrá pedir "oportunamente la prórroga que estime necesaria para el logro de su cometido".
"El debido proceso dice que deben mantenerse en la institución. Ahora, si hay una certeza administrativa frente un hecho que revista carácter de delito, se adopta la medida de expulsión si es que el caso así lo amerite"
General director Mario Rozas
"La prórroga sólo se concederá cuando fuere estrictamente necesaria y siempre que los antecedentes o diligencias pendientes no puedan obtenerse o efectuarse por otros medios más expeditos, lo cual deberá regularse en cada oportunidad, en procura de no dilatar la substanciación de la pieza sumarial", indica el reglamento.
Las fiscalías deberán, el caso de que se indaguen irregularidades, concluir si se descarta o no. Ello será además analizado por otras jefaturas, enfocado principalmente en que se cumplieran los requisitos. Además, habrá tiempo para que el aludido haga responda y presente pruebas, de estimarlo así.
En caso de confirmarse la necesidad de sanción, estas pueden ir desde un día de arresto -que significa una anotación en la hoja de vida, la que repercute en las calificaciones que permiten al personal mantenerse en la institución-, hasta la baja.
Es por ello, que los funcionarios indagados siguen activos hasta que no finalice el sumario, como confirmó el mismo general Rozas hace días: "El debido proceso dice que deben mantenerse en la institución. Ahora, si hay una certeza administrativa frente un hecho que revista carácter de delito, se adopta la medida de expulsión si es que el caso así lo amerite".
En tanto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló a principios de semana que, de acuerdo a la información que se le hizo llegar desde la policía, "las personas de su institución que han sido denunciadas por hechos indebidos, ilícitos, no han seguido trabajando en las actividades en terreno", sino que "han sido relegados a tareas internas mientras se avanza en los sumarios administrativos".
Paralelamente al proceso interno, Carabineros remite los antecedentes al Ministerio Público para que sea este el que indague la posible comisión de un delito.
