La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ha jugado un rol activo ante la suspensión de la PSU.
Héctor Aravena, El Mercurio.
SANTIAGO.- La Defensoría de la Niñez emitió este viernes una declaración pública en la cual expresó su rechazo a la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado por parte del Gobierno en contra de los líderes del boicot a la PSU, asegurando que esa medida es "inaplicable", porque vulnera estándares internacionales de DD.HH..
Al respecto, la entidad manifestó que "el mandato y obligación para Chile, en virtud de su ratificación, el año 1990, de la Convención sobre los Derechos del Niño, es la operación de una justicia especializada y específica para adolescentes, misma que en nuestro país se encuentra contenida en la Ley N° 20.084".
En esa línea, recordaron que los principios rectores de esa legislación, "partiendo por el resguardo efectivo del interés superior de los adolescentes,
no se condice con la aplicación de la citada Ley de Seguridad Interior del Estado".
Asimismo, desde la entidad advirtieron que "a pesar de las sostenidas intenciones de algunos actores políticos de nuestro país de vincularnos a algún sector, la actuación de la Defensoría está única y estrictamente relacionada con las exigencias que los estándares internacionales de DD.HH. de niños, niñas y adolescentes nos imponen".
Dichas tareas, añadieron, las ejercen "sin discriminación ni exclusión alguna y con absoluta prescindencia de las consideraciones e intenciones de quienes pretenden instrumentalizar a la niñez y adolescencia con fines ajenos al reconocimiento que niños, niñas y adolescentes merecen como sujetos de derecho en resguardo de su interés superior".
En cuanto a la situación que enfrentan los miles de jóvenes que no pudieron rendir la PSU, la Defensoría informó que solicitó al Demre "la información precisa y detallada de quienes, siendo menores de 18 años, fueron impedidos/as de rendirla, de manera de ejercer a su favor acciones constitucionales que les aseguraran la igualdad ante la ley en el ejercicio de su derecho a la educación".
"La respuesta a dicho oficio llegó hoy, viernes 10 de enero, sin remitir la información solicitada pidiendo el 'máximo plazo legal' para entregarla, situación que, evidentemente, impide la intervención en favor de los/las afectados/as para que tengan posibilidad de restituirse sus derechos vulnerados", recalcaron.
Ayuda para los jóvenes
No obstante, la institución indicó que solicitarán al Demre la inclusión de "aquellos jóvenes que se vieron obligados a rendir la PSU en condiciones no favorables a la concentración y tranquilidad que una prueba de esta naturaleza demanda" en el grupo que tendrá acceso a la rendición del examen el 27 y 28 de enero próximos.
En cuanto a la decisión de anular la prueba de Historia, señalaron que "una vez recibida la información con la individualización de los jóvenes menores de 18 años afectados, ejecutaremos las acciones judiciales que permitan que éstos/as vean asegurada la igualdad ante la ley y tengan la posibilidad cierta de rendir la prueba".
Finalmente, sobre la posible exclusión del proceso de quienes participaron del boicot por parte del Ministerio de Educación, adelantaron que "
velaremos por el resguardo y respeto efectivo del derecho al acceso a la educación de ellos y ellas como el de cualquier niño, niña o adolescente que viva en Chile, derecho contenido en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile".
Dicho derecho, recalcaron "no puede ser infringido por decisiones administrativas ni reglamentarias y que, incluso, debe ser asegurado a quienes, habiendo sido condenados por la ley penal, se encuentran privados/as de libertad".
