A dos años del mayo feminista: Los primeros resultados de los protocolos contra acosos y abusos

Son muchas las instituciones que han implementado medidas para prevenir y sancionar la violencia de género. En universidades, el Poder Judicial y el propio Congreso Nacional ya empiezan a manejar cifras de funcionamiento.

08 de Marzo de 2020 | 08:01 | Por Consuelo Ferrer, Emol
Emol
SANTIAGO.- Fue en enero de 2019 cuando entró en vigencia el nuevo Protocolo de Prevención y Sanción del Acoso Sexual de la Cámara de Diputados, una iniciativa que tomó forma bajo la presidencia de Maya Fernández. La parlamentaria fue también quien dirigió la primera investigación en contra de un parlamentario: el diputado Pedro Velásquez, que fue denunciado por dos de sus ex trabajadores.

El caso fue polémico. Velásquez fue denunciado primero por un ex colaborador, a lo que luego se sumó una segunda denuncia. Durante el curso de la investigación, que en un comienzo estaba a cargo de la diputada Gael Yeomans (CS), el parlamentario pidió que se cambiara a la encargada por haber comentado el caso con la prensa.

Finalmente, casi un año después de la implementación del protocolo, la Comisión de Régimen Interno de la Cámara resolvió desestimar las acusaciones por falta de pruebas. Fernández presentó los antecedentes y la instancia, de manera unánime, tomó la decisión. El diputado arriesgaba sanciones de hasta un 50% de su salario.

Así como la Cámara de Diputados, fueron decenas las instituciones que, tras el mayo feminista de 2018, resolvieron implementar o mejorar sus protocolos para prevenir y sancionar el acoso y abuso laboral y sexual, entre ellas las universidades, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas y de Orden.

¿Cómo son los protocolos vigentes? ¿Cómo han funcionado desde su implementación?

El protocolo de la Cámara


Pero aunque el caso de Velázquez fue quizás el más mediático, no se trata de la única investigación en el marco del protocolo impulsado dentro de la Cámara. El primer caso, de hecho, fue la denuncia simultánea de dos asesoras parlamentarias en contra de un garzón que las besó en el cuello sin su consentimiento durante la fiesta de aniversario de la corporación.

La denuncia fue interpuesta por ambas asesoras ante la encargada de género de la Cámara después de que notaran, al día siguiente de la celebración, que las dos habían vivido la misma experiencia. Los hechos ocurrieron el 10 de julio del año pasado y el protocolo se activó a comienzos de septiembre.

La resolución fue entregada el 24 de septiembre. Finalmente, los hechos denunciados fueron calificados como "infracciones graves" al Estatuto Administrativo y al protocolo, por lo que se decidió sancionarlo con un mes de suspensión del empleo y aplicarle una multa del 50% de su sueldo durante ese lapso.

El protocolo define como conducta constitutiva de acoso sexual a aquellas "de carácter sexual o íntima no consentida" que generen "un ambiente laboral intimidatorio, hostil, humillante, degradante u ofensivo" para la víctima. Estas pueden ser físicas, verbales o no verbales. También se considera requisito que haya sido "sostenida en el tiempo, recurrente o sistemática".

Las conductas son distinguidas entre agresiones leves ("insinuasiones, bromas, chisteso piropos"), menos graves ("llamados telefónicos, cartas, correos electrónicos o mensajería digital con contenido sexual que de forma indebida propongan o inciten a mantener relaciones sexuales"), graves ("acercamiento físico excesivo y roces innecesarios") y gravísimas ("todas aquellas donde se ejerce el uso de la fuerza").

Las sanciones van desde un llamado al orden o una amonestación, hasta la censura. Las multas a la dieta parten en un 2% y pueden alcanzar el 50%. El cumplimiento del protocolo debe ser promovido por un coordinador de Políticas de Género designado por la Comisión de Ética y Transparencia, y considera también campañas de sensibilización y difusión.

Las FF.AA. y de Orden


El 12 de marzo pasado, en un acto realizado en la Escuela Militar, la totalidad de las Fuerzas Armadas del país anunciaba la firma de un protocolo unificado ante denuncias de acoso sexual o laboral, una norma que se instauró casi un año después de que el Ministerio de Defensa suscribiera un convenio de colaboración con el de la Mujer y la Equidad de Género.

Desde entonces, los casos que han trascendido a la prensa se relacionan más con situaciones de bullying y malos tratos. Por ejemplo, en marzo la Armada abrió un procedimiento disciplinario y anunció posibles castigos contra dos instructores de la Academia Politécnica Naval sindicados como causantes de acoso laboral contra un grumete infante de marina.

En Carabineros, en tanto, se dio cuenta a fines de 2018 de una serie de medidas administrativas para modernizar la institución. Entre ellas se contaba la implementación de un departamento que diera atención a temas relativos a la igualdad de género, el cual finalmente se creó en marzo de 2019 mediante una orden general bajo en nombre de Departamento de Igualdad de Oportunidades.

"Empezamos a funcionar desde agosto de 2019 con la finalidad de que hubiese un estamento institucional que se preocupara de que las medidas contenidas en la normativa institucional sobre acoso laboral y sexual se cumplieran a través de los mandos, y que la gente tuviera los conductos expeditos para poder exponer alguna situación que les pudiese estar afectando", explica a Emol la comandante Mariela Fuentes, encargada del área.

Entre sus funciones se encuentra la de coordinación con el servicio de asistencia social u hospitalaria para "poder gestionar el acompañamiento y la atención cuando se necesita atención psicológica". También están formando monitores para fortalecer la red de atención en regiones. Por el momento, aclara, no cuentan con cifras de casos atendidos y podrían contar con un balance a fines de 2020.

"Estamos recién en la etapa de dar a conocer a la gente por nuestros canales internos, como la intranet y la revista de Carabineros, que existe el Departamento, que nadie puede ser acosado ni laboral ni sexualmente y que existen los canales para que ellos puedan expresarlo a través de sus mandos directos, para que se generen los cursos de acción necesarios para adoptar las medidas", asegura.

Universidades, la cuna del movimiento


Otra área en la que se desarrollaron de forma generalizada protocolos para normar conductas frente al abuso son las universidades, espacio donde comenzó el movimiento feminista en 2018. En la Universidad de Chile, explica la directora de Igualdad de Género, Carmen Andrade, el trabajo comenzó antes, a fines de 2014, cuando se instaló una oficina para abordar las brechas y se identificó que el acoso era un problema principal.

El primer protocolo fue elaborado por una comisión triestamental de académicos, estudiantes y funcionarios y se aprobó en 2017, pero se detectaron problemas importantes en su funcionamiento. Entonces vino el movimiento, y uno de los acuerdos adoptados con las estudiantes fue mejorar la normativa vigente.

"Algunos problemas tenían que ver con la legislación, porque los protocolos no pueden hacer algo distinto a lo que te permite la ley de universidades estatales", explica. Por ejemplo: "En las universidades públicas, todos los procedimientos disciplinarios se hacen a través de sumarios administrativos, que fueron pensados para una falta administrastiva". Por eso, entrega ciertas garantías al acusado para defenderse frente a la institución, pero no establece la figura de una posible víctima, por lo que dichas garantías no existen para ella.

El trabajo de la universidad empezó con visitas al Congreso, donde se expuso la situación para lograr una actualización de la legislación. Ello habilitó también la investigación y sanción de relaciones entre académicos y estudiantes. Además se centralizaron las denuncias en una Dirección Jurídica (antes la realizaba cada facultad o escuela) y las investigaciones en una fiscalía con abogados especializados en género y derechos humanos (era realizada por una comisión ad hoc).

En la U. Diego Portales, en tanto, la normativa entró en vigencia en octubre de 2017 y después de un año de funcionamiento se actualizó en diciembre de 2018 con el trabajo de una comisión triestamental, para acoger en parte las demandas del movimiento feminista. "Tenemos una buena normativa, que incorpora un amplio rango de conductas, que cubre a todas las personas de la comunidad UDP", explica a Emol Mariana Gaba, directora del Departamento de Género.

"Los desafíos surgen, a partir de la experiencia, en la implementación de los procesos. Debemos estar muy atentos a la distancia que puede haber entre la 'letra' de una normativa y su aplicación efectiva", dice. El año pasado, las estudiantes siguieron con fuertes movilizaciones por razones de género. Gaba asegura que "han tomado nota de todas las sugerencias y críticas" y señala que se inició una mesa de diálogo que acordó, entre otras cosas, hacer una tercera ronda de revisiones de la normativa para poder actualizarla.

El Poder Judicial


En julio de 2018, dentro del Poder Judicial entró en vigencia un Procedimiento de Actuación para la Prevención, Denuncia y Tratamiento del acoso sexual. En él se reconoce que "el acoso sexual es una manifestación de violencia de género y, como tal, una violación a los Derechos Humanos que afecta desproporcionadamente a las mujeres", explica a Emol la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, encargada de asuntos de género.

La normativa establece una serie de normas especiales, siendo una de las más centrales que "le da calidad de parte a la persona que denuncia". Esto significa que debe ser informada y notificada de todas las actuaciones del proceso y puede, de desearlo, contar con patrocionio de un abogado, presentar pruebas y hacer alegatos en instancias superiores.

También incorpora como figura a un profesional de la psicología que "otorga apoyo a quien instruye el proceso y está presente en la toma de declaración de la persona denunciante y denunciada a fin de facilitar su desarrollo". Además establece la posibilidad de implementar medidas cautelares y la exclusión de ciertas pruebas, como las que hayan sido creadas sobre la base de conceptos estereotipados de género.

"Desde luego es un aprendizaje en que estamos todos involucrados y existe aún mucho por andar, pero lo básico es que el mensaje de no impunidad existe y el llamado, a través de esta nueva normativa, por parte de la máxima autoridad del Poder Judicial, es a confiar en la institucionalidad vigente", dice Muñoz.

Entre la puesta en marcha del protocolo y hasta diciembre de 2019, fue informado a la Secretaría de Género el inicio de 12 investigaciones disciplinarias por denuncias de acoso sexual: cinco durante 2018 y siete durante 2019, correspondientes a nueve jurisdicciones de Cortes de Apelaciones del país.

En todos los casos, las denunciantes son mujeres que pertenecen al escalafón de empleadas o de profesionales. Los denunciados, en tanto, son todos hombres pertenecientes a los mismos escalafones y también al escalafón primario. De las cuatro causas que se encuentran ejecutoriadas, un caso fue sobreseído y en tres se formularon cargos e implementaron sanciones.

Un caso que tuvo resonancia fue el que ocurrió en el Juzgado de Letras de San Fernando, donde un juez fue sancionado por acoso sexual con una suspensión por cuatro meses, la más alta dentro del Código Orgánico de Tribunales. Tras cumplirla y como una medida de protección para la víctima, la Corte Suprema resolvió trasladarlo al mismo cargo en Porvenir, ya que no se obtuvo el quórum necesario para abrir un cuaderno de remoción. La decisión fue criticada por el Colegio de Abogados, que señaló que el traslado "no pondera la gravedad de la conducta comprobada".
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