SANTIAGO.- Todo sucedió en menos de 24 horas. Cuando despuntaba el domingo, luego de un alza significativa en el número de casos de Covid-19, el alcalde Rodolfo Carter (ind) anunció una medida que había estado todo el día en el debate: en la comuna de La Florida, las clases presenciales en los establecimientos municipales serían suspendidas a partir del día siguiente y por 15 días.
El día anterior, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, había descartado la idea. "¿Realmente se cree que cerrar los centros de educación que dan comida, protección, seguridad a la mayoría de los niños y enviarlos solos sus hogares es una medida razonable?", dijo por Twitter.
A pesar del disenso, otros municipios comenzaron a replicar la iniciativa. Se sumó al anuncio la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), Cristián Balmaceda (ind) en Pirque y Mario Olavarría (UDI) hizo lo propio en Colina. También tomó la medida en Puente Alto Germán Codina (RN), quien también preside la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Además, pidió al Gobierno tomar la misma decisión para el resto del país.
El tema era una preocupación en La Moneda, donde sesionaba el consejo científico asesor. Pasadas las 13:00 horas, el organismo afirmó que la suspensión de clases no era "una medida que corresponde", pero una reunión entre el Presidente Sebastián Piñera y la AChM inclinó la balanza: "Hemos determinado suspender, por un periodo de dos semanas, las clases", dijo el Mandatario.
Ese domingo, la voz de los municipios fue la que se impuso, a pesar de la conveniencia que representaba para ellos tener la infraestructura educacional para administrar las vacunas contra la influenza. Los días siguientes, el fenómeno se repitió.
Alcaldes "en contacto directo"
Decretada la Fase 4, los alcaldes tomaron más acciones. Felipe Alessandri (RN), en Santiago, decretó emergencia comunal y cerró todas sus oficinas de atención al público el lunes: Juzgados de Policía Local, el Centro de Atención de Víctimas de la Dirección de Seguridad, y todos los servicios de ventanilla única. "Decidimos extremar las medidas de cuidado", aseguró.
Lo mismo hizo Carter en La Florida y Maximiliano Ríos (PPD) en Lo Prado, donde prohibió el funcionamiento de "cantinas, bares, pubs y discotecas". Gonzalo Montoya (ind), en Macul, hizo lo propio, llamando además a "todas las instituciones privadas que no sean parte de las cadenas de abastecimiento a adoptar medidas para que sus trabajadores realicen tareas de forma remota".
"Los alcaldes han conectado con demandas sociales de manera más eficaz que otros representantes políticos. Ellos cuidan su trabajo, en el sentido de que tienen incentivos para la buena gestión pues eso impacta su fortaleza electoral"
Mireya Dávila
Los alcaldes, hoy, parecen estar en un buen momento. Según la última Cadem, el político mejor evaluado es el jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín (61% de aprobación), quien también encabeza las preferencias presidenciales (7%). Después de él, la segunda mayoría la tiene el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (4%), en momentos en que la desaprobación a la gestión del Gobierno se eleva hasta el 81%.
"Esto ya se vio con el estallido del 18-O y se relaciona, en mi opinión, con que los alcaldes están en contacto directo con su municipio, por consiguiente manejan mejor el conocimiento e impacto de los problemas", asegura a Emol la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, Mireya Dávila.
En efecto, en octubre su gestión había resaltado. En una asamblea de la AChM realizada el 7 de noviembre, a tres semanas del 18-O, acordaron realizar un plebiscito para preguntar a los ciudadanos por una nueva Constitución en diciembre, antes de que los partidos alcanzaran el acuerdo para hacerlo oficialmente a nivel nacional.
"El Gobierno ha sido lento para tomar decisiones de sentido común —expertos de por medio y experiencia comparada—, y los alcaldes han conectado con demandas sociales de manera más eficaz que otros representantes políticos. Ellos cuidan su trabajo, en el sentido de que tienen incentivos para la buena gestión pues eso impacta su fortaleza electoral", agrega Dávila.
El cierre de los malls
Este martes, volvieron a tomarse la discusión. Durante la jornada, diversos grupos de trabajadores de centros comerciales del sector oriente realizaron protestas pidiendo el cierre de malls como el Parque Arauco, el Alto Las Condes y Costanera Center, una medida que había sido descartada por el Gobierno.
"El único que tiene la autoridad para cancelar o bloquear o no permitir el acceso a un establecimiento comercial es el Presidente de la República", aclaraba en la mañana el ministro de Economía, Lucas Palacios. "No son los alcaldes los que pueden cancelar, bloquear o impedir el acceso a ningún centro comercial", enfatizó.
La declaración era también una respuesta para Carter, quien anunció por redes sociales un plazo de 12 horas a los malls "para decidir si voluntariamente se acogen a restringir sus actividades". "Si no (...) serán clausurados", dijo. Los centros comerciales aceptaron. "Nunca ha sido nuestro interés disputar cuotas de poder con otras autoridades, simplemente hemos sido fieles a nuestra obligación de proteger a los floridanos", informó la municipalidad.
Al poco tiempo, Matthei anunció una medida en la misma línea para Providencia, que ya había cerrado parques públicos al igual que Santiago. El concejo municipal aprobó un artículo transitorio para regular el horario y cierre del comercio por emergencia sanitaria. "El municipio ha decretado el cierre desde mañana del mall Costanera Center, salvo farmacias y supermercados", dijo.
Al final de la tarde se sumó Lavín, a pesar de que más temprano había afirmado que "nosotros no podemos decretar cierre de los malls". "Agradezco al concejo municipal por aprobar, en sesión extraordinaria, el cambio de ordenanza que autoriza al alcalde para cerrar centros comerciales por situación de emergencia sanitaria. Veremos las medidas mañana", anunció.
El panorama terminó de configurarse este miércoles, cuando el Gobierno anunció que, decretado el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, ordenaría el cierre de todos los centros comerciales, exceptuando sus supermercados, farmacias y centros médicos a partir del día siguiente.
Un año clave
El 2020 no es un año cualquiera para los alcaldes. Para octubre de este año está programada una nueva elección municipal, donde varios de los jefes comunales más activos en la discusión pública buscarán la reelección, como es el caso de Lavín y Matthei, quienes han asegurado en la prensa que son esas sus intenciones.
"Nadie podría ser tan ingenuo como para no pensar que allí evidentemente también hay un cálculo, sobre todo de quienes quieren repostularse, pero eso, en principio, a mí no me parece malo ni condenable, es parte de la realidad política", asegura a Emol la académica de la Escuela de Ciencia Política de la U. Diego Portales, Gemita Oyarzo.
"Nadie podría ser tan ingenuo como para no pensar que allí evidentemente también hay un cálculo, sobre todo de quienes quieren repostularse, pero eso, en principio, a mí no me parece malo ni condenable, es parte de la realidad política"
Gemita Oyarzo
A su juicio, los jefes comunales han elegido elevar las demandas de la ciudadanía porque "deben enfrentar políticamente las consecuencias más inmediatas". Luego del 18-O, por ejemplo, no interceder podía implicar la destrucción física de los edificios municipales. "Los alcaldes, aunque sean de derecha, prefieren tomar cartas en el asunto", explica.
Para la docente, lo que abre esta situación es un debate que será importante en el proceso constituyente sobre "el rol que tienen los alcaldes, comparados con figuras como los gobernadores o intendentes, que casi no existen políticamente, aun cuando el modelo de descentralización está pensado con ese diseño. Quizás la reforma tendría que ser fortalecer a los municipios como mediadores en los conflictos territoriales", comenta.
Ante ese escenario, existe el riesgo de que "se genere lo que suele generarse cuando los municipios tienen mucho poder". "Ciertos alcaldes funcionan como caciques, de manera clientelista y con mecanismos de cooptación", afirma. Eso, dice, se debería prevenir. Por su parte, el académico de la U. de Los Andes, Daniel Mansuy, asegura que corren el riesgo de "sobregirarse". "Si no están coordinados, no va a funcionar", señaló a La Segunda.
A pesar de que el panorama puede leerse "con esas suspicacias", Oyarzo prefiere analizarlo como "una discusión interesante con miras a las reformas que van a discutirse". "Lo que muestra este tipo de crisis —y nosotros tenemos el doble, porque tenemos una política-institucional y otra sanitaria— es justamente la fragilidad y debilidad del aparato del Estado. La discusión debe ser cómo se fortalece ese aparato y cómo se administran los gobiernos locales", apunta.
