El fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a la nueva estrategia policial implementada en la Región Metropolitana que incluye la participación de miembros del Ejército: el patrullaje mixto.
Y es que ayer, según anunció el intendente Felipe Guevara comenzó este trabajo conjunto entre policías y militares en las 14 comunas donde se constató un aumento de los delitos más violentos, como asaltos y portonazos, desde el inicio de la pandemia.
Ante ello, el persecutor dijo entender que "la incorporación de militares es con el objeto de dar apoyo operativo,
pero sin actuar como policías, puesto que no tienen las facultades para hacerlo".
"En consecuencia, si el apoyo tiene ese carácter, es decir, prestar elementos que permitan facilitar el quehacer de nuestra policía, me parece adecuado. Sin perjuicio de la facultad que tienen los militares civiles para actuar en flagrancia solo con el propósito y objeto de poner a las personas que están cometiendo un delito a disposición de la autoridad, en este caso la policía", explicó.
Las palabras las entregó tras finalizar la última cuenta pública de la institución que dirige, la cual estuvo marcada principalmente por la pandemia del covid-19 y el estallido de la crisis social.
18-O, covid y corrupción: la definiciones de la cuenta pública
Ante un salón vacío, Abbott detalló a través de una transmisión en vivo que el año pasado fue el que registró la mayor cantidad de denuncias (1.455.535) desde la existencia de la institución, y que la labor de sus integrantes se vio afectada por la crisis social y el coronavirus.
Tras el 18-O, indicó que se constató un incremento de delitos de desórdenes públicos, daños a la propiedad pública y privada, incendios, maltrato de obra a las policías y también "un preocupante aumento en las denuncias por delitos de violencia institucional". Se contabilizaron más de 323 mil imputados durante el periodo, decretándose además instructivos y criterios de actuación para los fiscales.
8.177Investigaciones ha iniciado la fiscalía por incumplimiento de medidas sanitarias.
Ya abordando la pandemia, Abbott indicó que como fiscalía "asumimos un rol relevante en la prevención del contagio y, por cierto, reforzamos la persecución penal de los infractores de las medidas sanitarias".
Detalló que hasta el 17 de abril se habían iniciado 8.177 investigaciones por infracción a las medidas sanitarias.
En esa línea, manifestó preocupación por la "significativa baja" que se ha dado en las denuncias por violencia intrafamiliar, pese a que el número de llamados a los teléfonos de emergencia ha aumentado.
"Entre marzo y abril han bajado 20% las denuncias por delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, reducción que en la primera quincena de abril baja a 40%. Ciertamente, la restricción del libre tránsito ha impedido realizar muchas de esas denuncias, lo que hace urgente que las víctimas más vulnerables dispongan de canales expeditos para denuncia", sostuvo.
Especial mención hizo Abbott a los casos de corrupción, lamentando que a raíz del covid se viera interrumpida la continuidad de los juicios
de los casos SQM y Corpesca, referentes al financiamiento ilegal de la política.
También reiteró la necesidad de que el ente persecutor cuente con la posibilidad de ejercer la acción penal en delitos electorales, de colusión y tributarios de manera autónoma y, por ende, sin tener que contar con una querella de otras instituciones.
"La sensación ciudadana de impunidad, la idea de que existe una justicia para pobres y otra para ricos, íntimamente asociada a los delitos de corrupción, nos insta a intensificar un principio central para la fiscalía de Chile: la igualdad ante la ley", sostuvo el fiscal.
"La sensación ciudadana de impunidad, la idea de que existe una justicia para pobres y otra para ricos, íntimamente asociada a los delitos de corrupción, nos insta a intensificar un principio central para la fiscalía de Chile, de la igualdad ante la ley".
Fiscal Nacional Jorge Abbott
Y concluyó: "En el actual contexto de demandas sociales que enfrenta el país, nos parece razonable insistir en llevar adelante iniciativas que permitan al Ministerio Público dar una respuesta más enérgica y potente frente a los abusos cometidos por agentes del mercado y por quienes ejercen cargos de poder económico o político".
