El ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó la acusación de espionaje político que el Frente Amplio ha enarbolado en contra del fiscal a cargo de la indagatoria del caso Procultura, Patricio Cooper.
Una tesis en la que el partido ha insistido para apuntar contra los intentos del persecutor por intecerptar el teléfono del Presidente Gabriel Boric, al acceso que tuvo a la conversación que sostuvo con su psiquiatra Josefina Huneeus.
En conversación con Radio Cooperativa, la autoridad fue consultada respecto a si presentaría una querella en caso de haber espionaje político en Chile. "Si hubiera espionaje, es altamente probable que yo hubiese dicho... No solo me hubiera querellado, sino que probablemente además hubiese tomado una decisión más drástica", contestó.
En cuanto a si se han vulnerado los derechos del Mandatario, Cordero sostuvo que "en el contexto de la investigación, el Presidente de la República en esto ha sido bien claro, el Presidente lo ha dicho él explícitamente, las instituciones tienen que funcionar, tienen que funcionar bien. Nosotros lo que hemos pedido es que ese funcionamiento se realice de acuerdo a la Constitución y la ley".
"Yo dificulto que el fiscal Cooper o alguno de sus miembros hubiesen utilizado sus atribuciones para espiar al Presidente de la República. Otra cosa distinta es si las interceptaciones se hicieron en el contexto en el cual está establecida la ley, pero eso es un debate que por lo pronto hoy día ya se abrió respecto al amparo que ha interpuesto Josefina Huneeus, que entiendo que hoy día se va a alegar ante la Corte de Apelaciones deAntofagasta", añadió.
Además, advirtió que "hay que tener cuidado porque uno puede tener opiniones sobre el celo o exceso de celo de algunas instituciones, pero ante todo, en el sistema de justicia, por la sanidad del sistema democrático, uno tiene que esperar sus resultados".
Con todo, indicó que "a mí lo que me parece más insólito de todo esto es que hemos estado discutiendo estos últimos días sobre la fase de una filtración que es ilegal, sin conocer todavía cuáles son los antecedentes que el fiscal Cooper va a utilizar el día de su formalización, contra quién va a formalizar y respecto de qué delitos, y a mí me parece que esto es lo más grave desde el punto de vista del debate público".
"Dejo al margen la prensa, porque la prensa, por cierto, tiene un rol que cumplir y por algo la ley consagra el secreto de la fuente. Pero transformar esto en naturalizar la filtración ilegal como un elemento que condiciona el debate político antes de conocer la decisión del fiscal, es una de las cosas que creo que también daña el sistema institucional", cerró.
