Una resolución de
Gendarmería de Chile autorizó el traslado de 93 condenados de la cárcel de Copiapó hacia otros recintos del país, debido al hacinamiento que hay en el penal.
El documento con fecha 19 de diciembre, habla de las razones de la decisión y a los penales que llegarán los internos. Según la institución, "la contingencia que enfrenta actualmente ese recinto penal y su clasificación de mediana complejidad, hace necesario llevar a cabo un plan urgente de descongestionamiento, materializando el traslado de internos condenados, sin domicilio en esa región, sin visita de redes familiares, o faltas graves al régimen interno y de conducta deficiente".
De acuerdo al Diario de Atacama, se ofrecieron traslados a recintos que reúnen las condiciones de seguridad y operatividad necesarias considerando los perfiles de los internos.
Es así como según el documento en la nómina aparecen 16 internos a la cárcel de Arica, 17 a Alto Hospicio, 14 a Antofagasta, 2 a Tocopilla, 14 a La Serena, 4 al recinto penal de Puente Alto, 2 a Colina I, 6 a Colina II. 3 a Santiago Sur, 1 a Santa Cruz y finalmente 1 a Rancagua.
Tras darse a conocer la decisión, los familiares de los internos buscan revertir la medida. Han interpuesto recursos de amparo, ya que en varios casos hay parejas o familiares directos radicados en Copiapó.
En uno de los casos es la conviviente del imputado la que efectua la acción judicial con el argumento que se trata de un acto arbitrario que vulnera su libertad personal y seguridad individual, considerando además que hay una afectación emocional por parte de los tres hijos del condenado, los cuales tenían contacto directo y permanente con su padre.
En otro de los casos, la persona está cumpliendo una pena de 5 años y 1 dia de prisidio mayor en su grado mínimo, como autor del delito consumado de cultivo de sustancias estupefacientes. Es padre de dos hijas menores de edad y mantiene una relación con la madre de sus hijas. El argumento de la familia radica en que desde que ingresó a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, hasta la actualidad, ha recibido visitas por su grupo familiar; padres, hermano, pareja y sus dos hijas menores de edad. Esto afecta su vínculo familiar ya que fue trasladado a una cárcel a más de 2 mil kilómetros de distancia.
Será la Corte de Apelaciones la que determinará si los condenados por los cuales se han interpuesto acciones judiciales regresan o no a la región.
