El anuncio que hizo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respecto a modificar la normada considerada como un "amarre" de funcionarios públicos integrada en el proyecto de reajuste al sector público, no convenció a la oposición.
Este "amarre" establecía mayores restricciones para poner término o no renovar los contratos de funcionarios públicos a contrata, habilitando además la posibilidad de recurrir a la Contraloría General de la República (CGR) cuando el afectado estimara que la desvinculación era ilegal, siempre que contara con al menos dos años de antigüedad. Sin embargo, este punto fue modificado.
De acuerdo con lo señalado por Grau en entrevista con radio Duna, el mecanismo de reclamación se aplicará ahora a trabajadores con una permanencia mayor en el cargo. Esto, afirmó, "para que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su periodo".
Sin embargo, el diputado e integrante de la comisión de Hacienda Felipe Donoso (UDI), indicó que "el Gobierno no ha comprendido el fondo del problema, los funcionarios públicos ya tienen una serie de beneficios sobre un trabajador normal, si se quiere hacer un cambio de estatuto debe ser una ley en si misma y no un artículo, medio de contrabando, en una ley de tramitación rápida como es el reajuste".
"No es posible en 15 días cambiar con 129 artículos una infinidad de leyes con la justificación del reajuste al sector público", agregó.
En tanto, el diputado y también integrante de la comisión Frank Sauerbaum (RN), manifestó que esta modificación "es una trampa, porque el Gobierno dice que pueden reclamar los que tienen más de cinco años. Claro, pero al final del periodo de José Antonio Kast van a poder haber reclamado todos los contratados por este gobierno. Ahora, definitivamente el sistema es malo, porque no se puede pretender justificar el despido de una contrata, que es un mecanismo excepcional de contratación".
"Es igual que tener que justificar técnicamente el despido o término de contrato de obra, faena o del cumplimiento de un plazo fijo. Entonces, esta es una trampa que va a judicializar hasta el infinito el recambio de funcionarios", agregó.
El parlamentario Diego Schalper (RN) aseguró "si el Gobierno hubiese querido abrir esta discusión, la verdad que lo habría hecho mucho antes. Pero que en la recta final de su Gobierno, en el marco del reajuste al sector público, pretendan introducir un amarre para hacer más difícil el que el futuro gobierno pueda desvincular a ciertas personas, a nosotros nos parece impresentable".
"Y nos parece impresentable porque cualquiera de los chilenos que optó por la alternancia en el poder, lo que espera, precisamente, es que el Gobierno entrante tenga las herramientas para poder efectivamente hacer alternancia en el poder" agregó.
"Entonces, ministro Grau, no se trata de una cantidad de años, se trata de la lógica que hay detrás. Y nosotros lamentamos mucho que este gobierno en su recta final, en vez de dar facilidades, esté amarrando no solamente desde el punto de vista funcionario, sino que además, yo lo he dicho, en los amarres ideológicos que involucran otros proyectos de ley que están impulsando", finalizó.
En tanto, el diputado Agustín Romero (Republicano) indicó "esto no es chacota. ¿Ahora es un tema de años, acaso? Seamos claros: la ley de reajuste no es la instancia para modificar el Estatuto Administrativo ni para fijar normas permanentes de empleo público. Su objetivo, como su nombre lo dice, es reajustar remuneraciones".
Sin embargo, se ha transformado en una mala práctica usar la ley de reajuste para meter temas que no fueron capaces de sacar por la vía legislativa regular. Por eso, pretender fijar reglas permanentes para contratos que, por definición, son transitorios, y darles una rigidez que no corresponde, es simplemente inaceptable", cerró.
