La Contraloría Regional de Valparaíso dio a conocer cinco informes que revelan millonarias irregularidades en la respuesta a la emergencia del megaincendio de febrero de 2024, y que involucran a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Arquitectura del MOP y las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué.
La documentación fue remitida al Ministerio Público, que determinó abrir una causa penal ante hechos que podrían revestir carácter de delito.
De acuerdo con El Mercurio de Valparaíso, 504 páginas suman los cinco reportes, entre los cuales el más extenso corresponde al Informe N° 528/2025 sobre la Delegación Presidencial de Valparaíso. A dos años de la catástrofe, el documento destapa millonarias irregularidades en el proceso de retiro de escombros tras la catástrofe, cuando la Delegación Presidencial era encabezada por la fonoaudióloga y diputada electa, Sofía González (PC).
Uno de los principales hallazgos dice relación con pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.
El detalle
En específico, se detectaron pagos injustificados por $125 millones a la empresa Minera y Constructora Río Grande SpA por 49 turnos de camiones tolva, cuya prestación no se encuentra acreditada.
No obstante, la mayor parte de las irregularidades se detectaron en la relación de la DPR con San Nicolás SpA, firma que recibió $399 millones en pagos sin respaldo, entre los que se cuestionan $335 millones por 495 turnos de bateas "respaldados con fotografías repetidas o inconsistentes, lo que impide verificar su efectiva instalación"; más de $30 millones en maquinaria con documentación inconsistente o inválida, impidiendo verificar su existencia; y $ 35 millones por pagos duplicados, correspondientes a turnos que, en los registros de la DPR, eran ejecutados simultáneamente. Además, se detectaron casos en que los conductores figuraban operando más de una máquina al mismo tiempo.
sobreprecios
Sin embargo, uno de los hechos más graves es que, de acuerdo a la Contraloría, la Delegación Presidencial de Valparaíso habría pagado millonarios sobreprecios en concepto de arriendo de maquinaria pesada.
En el caso de la Minera y Constructora Río Grande SpA, se detectaron pagos por $453 millones, lo que equivale a un sobreprecio del 378% respecto a los mismos servicios que contrató la Municipalidad de Quilpué, de acuerdo a una comparativa de la CGR. La empresa San Nicolás, en tanto, recibió $ 2.726 millones, lo que implicaría un sobreprecio del 220%.
Asimismo, el ente contralor expuso que se detectaron diferencias de hasta un 558% entre los montos pagados a San Nicolás SpA y los valores que esta habría transferido a sus subcontratistas, según testimonios recabados, lo que implicaría un sobreprecio de $ 4.219.156.397, situaciones que "podrían implicar un perjuicio económico para el fisco", subraya el informe.
Empresas sin experiencia
Finalmente, la Contraloría estableció que las empresas San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA se adjudicaron contratos millonarios vía trato directo, por un total de $7.298.759.566, "sin acreditar su capacidad técnica y operativa, ya que, al momento de la prestación de los servicios, dichas empresas no contaban con maquinaria propia". Además, se verificó que la totalidad de los servicios fueron ejecutados mediante subcontratación, situación que transgrede la ley.
Desde la Delegación Presidencial de Valparaíso confirmaron que se encuentran elaborando las respuestas técnicas al informe Final N°528 de la Contraloría, señalando mantener "plena disposición" para colaborar con el ente fiscalizador. Además, se informó la apertura de diversos sumarios para establecer eventuales responsabilidades y sanciones internas, junto con entregar los antecedentes al CDE "para que pueda tomar las acciones que evalúe pertinentes".
MOP
Otros dos informes exponen a la Dirección Regional de Arquitectura del MOP y revelan pagos sin respaldo por $ 1.216 millones.
De acuerdo al Informe Final n°500/2025, la Contraloría constató pagos no acreditados por casi $ 783 millones en demoliciones del sector El Olivar. Nuevamente, la empresa beneficiada fue San Nicolás SpA, recibiendo $ 782.939.080 correspondientes a partidas como "cierre perimetral", "emparejamiento de superficie", e "instalación sanitaria", entre otras, sin que se acreditara su ejecución.
Asimismo, el informe N°805/2025 detectó un pago indebido por $ 434 millones a MCueto Excavaciones SpA, por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas.
Desde el Ministerio de Obras Públicas se limitaron a señalar que se encuentran analizando los informes emitidos por la Contraloría "para tomar las medidas pertinentes a futuro".
La ex delegada no contestó a los requerimientos del mencionado diario.
