A raíz de una auditoría realizada a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Contraloría evidenció serias deficiencias en la gestión, mantenimiento y control de los puentes de la red vial pública del país, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2025.
El informe final elaborado por el Departamento de Control Externo de la División de Infraestructura y Regulación de Contraloría, expone debilidades estructurales, tanto en los sistemas de información como en los procesos de inspección y conservación.
De este modo, se determinó que más del 85% de los puentes no cumple con los plazos de inspección establecidos, identificándose incluso estructuras que no han sido revisadas desde el 2016.
Además, se da cuenta de la existencia de múltiples puentes, en varias zonas del país, con fallas relevantes que no han sido reparadas en años. Entre ellos, hay un puente en Lolol, Región de O'Higgins, el que pese a contar con un informe técnico desfavorable, lleva más de cuatro años sin ser intervenido, pese a la gravedad de su condición.
Puentes sin evaluación e inconsistencias informáticas
También se detectó la existencia de puentes sin evaluación estructural registrada. La ausencia de esta información impide determinar su estado real de deterioro y dificulta la priorización de inversiones y reparaciones, lo que agrava el riesgo para usuarios y comunidades.
En paralelo, se identificaron inconsistencias en los sistemas informáticos del MOP, que presentan diferencias significativas en los registros. La auditoría detectó datos duplicados, incompletos y contradictorios, además de estructuras que carecen de información básica.
Estas falencias, de acuerdo con el informe complejizan la planificación y retrasan intervenciones urgentes.
Ante estos hallazgos, la Contraloría instruyó a la Dirección de Vialidad adoptar medidas correctivas, entre ellas, unificar y depurar los sistemas de información, asegurar el cumplimiento de los plazos de inspección y ejecutar oportunamente las mantenciones, especialmente en aquellos casos donde existen daños no resueltos desde hace años.
Asimismo, se ordenó acreditar las revisiones técnicas realizadas y fortalecer los mecanismos de control y supervisión, incluyendo el respaldo documental de la participación de especialistas en los proyectos.
