No todo está perdido. Así sostienen en el gobierno sobre el examen del Tribunal Constitucional al proyecto de Escuelas Protegidas.
La iniciativa fue, junto a Reconstrucción Nacional, de los primeros mensajes presidenciales enviados al Congreso. La Moneda lo presentó en medio de la conmoción nacional que generó la muerte de una inspectora a manos de un alumno premunido con un arma blanca, en Calama.
Su rápida tramitación en el Congreso encontró un escollo en el tribunal, al que dos grupos de oposición, senadores y diputados, recurrieron para declarar inconstitucionales ciertas disposiciones del proyecto.
Tras un martes de alegatos, el tribunal emitió un comunicado al cierre de la jornada, con el que apuntó a cuatro de las ocho normas como objeto de inconstitucionalidad: La inhabilidad de la gratuidad para quienes estén condenados por delitos de daño a la propiedad; la prohibición del uso de vestimentas y accesorios que hagan apología a la violencia y la que declara una afectación grave a la convivencia escolar los actos estudiantiles que impiden la realización de clases.
Asimismo, el TC cuestionó parcialmente el permiso para la revisión de las mochilas de los estudiantes por parte de las policías cuando lo pidiera el establecimiento educacional.
Sobre el resultado, en el Ejecutivo rescatan ciertos aspectos que no se vieron alterados por el tribunal. En lo principal, relevan que la revisión de mochila, que aquilatan como "esencia" del proyecto, "permanece intacta", salvo por la posibilidad de que, ante la negativa del estudiante y la no concurrencia de su apoderado, sea posible comunicar los antecedentes a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones.
Por otro lado, valoran que se mantuvo intacta la norma sobre vestimentas, a excepción de la eliminación de la justificación por razones religiosas, y observan que el tribunal sí dio un punto a favor de la impugnación a los actos que impiden la realización de clases.
Esto al no alterar la referencia de que se entiende que afectan gravemente la convivencia escolar, todas las amenazas realizadas por algún miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio, que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada.
En lo relativo a la gratuidad, si bien asumen la inconstitucionalidad, defienden que se mantuvieron vigentes dos artículos relacionados con el comportamiento de los miembros de la comunidad. Además, celebran que haya pasado el examen la prohibición a los estudiantes de cubrirse el rostro o encapucharse.
Efecto dominó y arremetida opositora
Ante el comunicado del TC, la salida comunicacional del gobierno fue de cautela. Tanto la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, indicaron que hay que esperar la fundamentación del tribunal para formular una réplica y emprender las acciones a seguir.
Bajo reserva, en el Ejecutivo reparan que en las condiciones actuales "no es posible realizar un análisis detallado sobre su pronunciamiento", por lo que "existe una imposibilidad de desprender consecuencias jurídicas para otros proyectos de ley en actual tramitación".
Esto último es clave para La Moneda, donde reconocen estar alerta sobre un eventual efecto dominó relativo a la inconstitucionalidad presente en otros proyectos de ley. Particularmente, la posibilidad de que el tribunal pueda terminar objetando la inhabilidad a acceder a la gratuidad que plantea el Registro Nacional de Vándalos.
Por otro lado, ven que el resultado de Escuelas Protegidas envalentona a la oposición a utilizar el TC como principal recurso para el freno de proyectos. Hay que considerar que el sector ya venía advirtiendo tempranamente llevar al tribunal el proyecto de Reconstrucción Nacional.
Sin ir más lejos, la jefa de bancada de diputados comunistas e integrante de la comisión de Educación, Daniela Serrano, anticipó ayer que "esto es un antecedente que le hacemos ver al Gobierno, no solamente en materia de educación".
"Piénsenla dos veces cuando estemos discutiendo el Registro Nacional de Vándalos, porque van a declararle inconstitucional la pérdida de la PGU y la pérdida de la gratuidad. Piénsenlo en la modificación del SAE a propósito de los mecanismos de priorización a aquellos estudiantes que no estarían condenados por temas de convivencia educativa", fustigó.
Por lo demás, el gobierno tiene conciencia de que la composición del TC, que lo integran 10 ministros, tiene una inclinación progresista. Este es presidido por Daniela Marzi, designada en abril de 2022 por el expresidente Gabriel Boric.
De ahí que para hacerse del panorama completo, La Moneda espera, además de los fundamentos, conocer los votos de los ministros de carrera, Mario Gómez y Raúl Mera, y con ellos distinguir si hay fundamento jurídico, o si bien, la decisión del TC responde a consideraciones políticas.
Así las cosas, desde la propia oposición surgió una voz de advertencia sobre la idea de recurrir al TC como estrategia ofensiva contra el gobierno. El sector, reparó ayer el exministro de Seguridad y Justicia, Luis Cordero, "debe tener cuidado de creer que el tribunal va a ser un aliado político".
