Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Oriente quedaron a cargo de los primeros pasos que se dieron para asistir a un detective que, la noche del martes, se parapetó en un edificio de Las Condes para pedir ayuda en el marco de hechos de supuesta corrupción interna que lo ponían en riesgo: "Me van a matar", gritaba desde una ventana.
Por tres horas, dijo que buscaba denunciar redes de presunta corrupción en la PDI y otras instituciones con vínculos con organizaciones criminales que, hasta ahora, no han sido corroboradas, comentan investigadores.
El hombre de 47 años incluso lanzó su arma de servicio. "Boté todas mis municiones, mis cargadores; mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre lo han hecho. Créanme, Subcomisario Silva, soy inocente. Ayúdenme, por favor", afirmó, junto con añadir que
"me obligaron a cometer delitos por creer que estaba en lo correcto". También apunto a fiscales.
En ese marco, Carabineros finalmente pudo asistirlo para trasladarlo al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (Sapu) y conocer parte de su versión, con una denuncia.
"El Mercurio" accedió a detalles de la indagatoria que ahora realiza la Fiscalía Metropolitana Oriente con medidas para su protección y primeras diligencias.
También la revisión de su arma en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, Labocar: una Glock .40 con 16 cartuchos .40 "para ser peritada".
Punto fijo en su casa y buen historial entre compañeros
Una de las primeras dudas que surgieron en la causa era la condición mental del denunciante de corrupción y amenazas.
Consultados en la interna de la PDI, refirieron que el "compañero" de 47 años no había dado muestras de problemas psiquiátricos, con larga trayectoria, de 15 años, en la institución: con cargo en la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri).
También se confirmó que, anoche, el procedimiento incluyó el traslado del detective al Sapu y la intervención de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) para los primeros pasos en el caso.
"Luego del trabajo realizado por personal Dipolcar, se logró contacto con el funcionario PDI, el cual por instrucción del fiscal fue derivado al Sapu para evaluación médica y constatación de lesiones", se detalló en la indagatoria.
Para luego confirmar su "traslado a su domicilio junto a su familia, quedando con punto fijo de carabineros y prohibición de acercamiento de personal PDI".
Sin sumario conocido
Uno de los focos de la fiscalía es la verificación de antecedentes surgidos en el caso.
Ayer, y en medio de la intervención policial, se reportó que "dicho funcionario habría realizado durante la tarde denuncias con abogados particulares contra otros funcionarios de la PDI, por hechos constitutivos de delito asociado a corrupción y otros hechos".
Entre otros antecedentes, refirió un sumario y la comisión de ilícitos al que lo habrían "obligado". Esto, por "creer que estaba en lo correcto".
Quienes conocen el trámite de este caso, explicaron que no existiría un sumario abierto en su contra.
