Este lunes la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto de Reconstrucción Nacional, dejando la denominada megareforma lista para ser discutida y votada por la Sala de la Cámara Alta.
Fueron cerca de siete horas de discusión -que se suman a la sesión del viernes- y la revisión de 365 indicaciones, en una jornada marcada por negociaciones de último minuto, reservas de constitucionalidad, cambios de integrantes y la aprobación de uno de los capítulos que más tensionó la tramitación: la invariabilidad tributaria.
Desde temprano, la comisión -integrada por las senadoras Daniella Cicardini (PS), María José Gatica (RN) y Paulina Vodanovic (PS), además de los senadores Javier Macaya (UDI), quien la presidió, y Rodolfo Carter (Ind.-Republicanos)- retomó la discusión pendiente del viernes.
Durante la jornada también participaron, en distintos momentos, los senadores Diego Ibáñez (FA), quien reemplazó a Cicardini, e Iván Moreira (UDI), en reemplazo de Carter, además de las senadoras Karol Cariola (PC) y Danisa Astudillo (PS), junto a los senadores Daniel Núñez (PC) y Rojo Edwards (PSC), quienes intervinieron en distintos capítulos del debate.
La indicación del PPD fue aprobada
El momento más esperado de la jornada llegó con la votación de la invariabilidad tributaria, principal foco de la controversia política de los últimos días.
Finalmente, la comisión aprobó por tres votos a favor y dos en contra la fórmula impulsada por el Ejecutivo sobre la base del acuerdo alcanzado con los senadores del PPD, estableciendo un régimen de invariabilidad de 10 años para inversiones superiores a US$50 millones; 15 años para proyectos entre US$50 millones y US$350 millones; y 20 años para inversiones por sobre ese monto, además de una sobretasa corporativa de 1,5% para quienes opten por dicho mecanismo.
La votación fue respaldada por Javier Macaya, María José Gatica y Rodolfo Carter, mientras que Diego Ibáñez y Paulina Vodanovic votaron en contra.
También quedó definitivamente zanjado el conflicto que había estallado el viernes, luego de que Hacienda retirara la indicación que rebajaba el Impuesto de Primera Categoría desde 23% a 22%. De esta forma, la comisión aprobó mantener la tasa en 23%, restituyendo el texto originalmente negociado con el PPD.
Sin embargo, el gesto no alcanzó para recomponer completamente las confianzas. Los senadores Ricardo Celis y Loreto Carvajal reiteraron durante la jornada que mantienen sus reparos con el Ejecutivo, mientras que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), continuó desplegando conversaciones para intentar recuperar el respaldo de la bancada de cara a la votación en Sala.
Reservas de constitucionalidad y advertencia de llegar al TC
La discusión por la invariabilidad tributaria también abrió un nuevo flanco jurídico.
El senador Daniel Núñez (PC) presentó una reserva de constitucionalidad, argumentando que el mecanismo aprobado "vulnera la soberanía popular" al extenderse más allá del período de un gobierno.
A esa postura se sumó Paulina Vodanovic, quien sostuvo que la disposición "no cumple con estándares mínimos", mientras que Diego Ibáñez advirtió que, si su sector vuelve al Gobierno, impulsará su derogación. Daniella Cicardini también manifestó su respaldo a esa posición.
Desde la vereda opuesta, Javier Macaya defendió la norma recordando que tanto Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Ricardo Lagos utilizaron mecanismos similares para incentivar la inversión, mientras Rodolfo Carter rechazó las críticas señalando que "se nos dice que estamos amarrando tributos y ustedes olvidan lo que hicieron con SQM".
Los artículos que quedaron en el camino y las nuevas normas que avanzaron
Durante la jornada la comisión rechazó dos normas que habían sido incorporadas durante el primer trámite en la Cámara de Diputados: la obligación para que las empresas mantuvieran salas cuna anexas al lugar de trabajo y la prohibición del anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses.
En contraste, sí avanzaron otras disposiciones relevantes.
Por unanimidad se aprobó una compensación de 1,5 millones de UTM para el Fondo Común Municipal destinada a compensar la exención de contribuciones para adultos mayores.
También se respaldó que la Tesorería General de la República pueda cobrar deudas por derechos de aseo utilizando las devoluciones del impuesto a la renta, asunto que abrió un extenso debate sobre el impacto financiero para los municipios y que terminó con un oficio dirigido a Hacienda solicitando antecedentes sobre el perfil de los deudores.
Asimismo, se dio luz verde a la indicación presentada por Daniella Cicardini sobre el denominado "derecho al olvido financiero", que obliga a eliminar de los registros comerciales las deudas prescritas o extinguidas luego de cinco años.
En la sesión vespertina también fueron aprobadas normas relativas a donaciones y herencias, facilidades para el pago de obligaciones tributarias, repatriación de capitales y la posibilidad de acogerse al régimen de invariabilidad hasta el 1 de enero de 2026, además de endurecer las sanciones por incumplimientos en materia de rentas repatriadas.
Con el despacho desde la Comisión de Hacienda, el proyecto quedó en condiciones de iniciar su discusión en la Sala del Senado, donde el Ejecutivo espera que las negociaciones de las últimas horas permitan convertir el complejo debate vivido en comisión en los votos necesarios para sacar adelante una de sus principales reformas económicas.
