Un debate se ha generado por el proyecto de ley presentado por parlamentarios -y que hoy se presenta oficialmente- que modifica el código sanitario para que los doctores ofrezcan a la mujer la escucha de los latidos fetales, en forma previa a la interrupción del embarazo en tres causales.
La iniciativa fue presentada el pasado 25 de junio por los diputados Chiara Barchiesi (P. Rep), Catalina Del Real (P. Rep), Álvaro Jofré (PNL), Ximena Ossandón (RN), Claudia Reyes (P. Rep) y Cristóbal Urruticoechea (PNL).
El texto del proyecto detalla que el médico debe ofrecer verbalmente esta opción a la mujer que busca interrumpir su embarazo y suspenderlo si es que ella se niega a escuchar los latidos.
La modificación que proponen los parlamentarios señala: "Como parte de la información veraz, completa y objetiva a que se refiere el inciso anterior, y en forma previa a que la mujer manifieste su voluntad de interrumpir el embarazo, el médico cirujano deberá informarle si, conforme a la edad gestacional, resulta detectable la actividad cardíaca del embrión o feto".
"Cuando dicha actividad sea detectable, deberá ofrecerle, de manera verbal y directa, la oportunidad de escuchar los latidos mediante los medios técnicos disponibles, junto con una descripción objetiva de los mismos. La madre del nonato podrá declinar libremente este ofrecimiento, con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica", se lee.
Se agrega que "de la realización del ofrecimiento y de la decisión de la mujer se dejará constancia escrita en su ficha clínica".
"Tortura" y "crueldad"
La propuesta ha llevado a que algunas publicaciones en redes sociales apunten a que se estaría incurriendo en "tortura". En tanto, organizaciones como Cedidh -entidad académica independiente sin fines de lucro-, acusó de coacción.
"Condicionar una prestación de salud legal a la aceptación obligatoria de un estímulo emocional no deseado destruye la autonomía de la voluntad. En el Derecho Internacional, esto no califica como información neutral, sino como un mecanismo coactivo que vicia y anula el consentimiento informado libre de presiones", cuestionaron.
La directora Ejecutiva de la corporación Miles, Javiera Canales, "esto no es consentimiento informado, es presión disfrazado de información, y ojo, que es en la ley de aborto en tres causales (...) esto es cruel, es revictimizante y es contrario a toda lógica de autonomía y dignidad".
Quien también se refirió al tema fue la exministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ayer, en una columna en La Tercera, la exministra cuestionó que "siguiendo el guion de la ultraderecha colombiana y estadounidense, el diputado Urruticoechea ha presentado un proyecto que pretende obligar a quienes atienden a mujeres y niñas en las causales interrupción del embarazo por violación, inviabilidad o riesgo vital a proponerles escuchar el pulso del embrión".
"No insistiré con el caso de la violación pues el propio diputado Urruticoechea ya dijo que a ellas el aborto no las 'desviola', con una falta de empatía brutal. ¿Realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá a escuchar? ¿O a la mujer en riesgo vital y por tanto en procedimiento de emergencia? Sorprende que mujeres concurran con su firma a ese acto que más que estar contra el aborto, está contra la más mínima humanidad", enfatizó.
"No restringe su autonomía"
Este lunes, en una carta en El Mercurio, Sofía Salas Ibarra, docente investigadora en bioética de la U. del Desarrollo, cuestiona el uso de la palabra "tortura" a raíz del debate por el proyecto de ley. Afirmación que, a su juicio "exige prodencia".
Salas argumenta que "la tortura supone la imposición deliberada de un sufrimiento físico o psicológico intenso con determinados fines. Equiparar a ella una pregunta que, además, debe respetar expresamente la voluntad de la mujer, termina por vaciar el concepto de su verdadero significado. Cuando todo puede calificarse como tortura, el término pierde la fuerza moral y jurídica que justamente permite condenar las violaciones más graves de los derechos humanos".
La investigadora afirma que "desde una perspectiva bioética, consultar a la mujer si desea o no escuchar los latidos no restringe su autonomía; por el contrario, la reconoce. El proyecto no obliga a escucharlos, sino que ofrece la posibilidad de decidir. La autonomía no consiste en recibir menos información, sino en poder elegir libremente qué información se desea conocer".
Con todo, sostiene que hay abortos realizado por las causales 1 y 2 que ocurren en contextoss de embarazos deseados, "y vividos con enorme sufrimiento", y en esos casos, afirma, la decisión de escuchar los latidos "forma parte de una experiencia íntima que difícilmente admite respuestas uniformes".
"Finalmente, para algunos médicos la constatación de la ausencia de actividad cardíaca también posee relevancia moral, pues modifica la forma en que experimentan la carga ética del procedimiento. Un debate serio debería ser capaz de reconocer la complejidad moral que enfrentan tanto la mujer como el profesional, sin recurrir a categorías que, por su gravedad, exigen un uso especialmente cuidadoso", subraya.
"Proyecto tramposo"
En conversación con Emol, Diana Aurenque, del Instituto de Ética e Historia de la Medicina, Universidad de Tubinga, Alemania, plantea que el proyecto de ley resulta "tramposo" y advierte que podría abrir la puerta a que médicos pudieran intervenir en decisiones que son autónomas de los pacientes.
"El proyecto de ley sugiere introducir una breve modificación en el Código Sanitario (que regula el consentimiento informado), pero que tiene implicaciones ético-médicas sumamente gravosas y que perjudican directamente a aquellas mujeres que, ya encontrándose en una situación vital extremadamente dolorosa y difícil –que su embarazo sea inviable, o producto de una violación o que por el embarazo su propia vida corra peligro- deban adicionalmente atravesar un obstáculo adicional para terminar con el sufrimiento en el que se ha convertido su vida", parte señalando.
A juicio de la académica, las disposiciones de la modificación sugerida por los parlamentarios, expresan "una medida paternalista disfrazada, que manipula y tergiversa la doctrina del consentimiento informado no en vistas de que la embarazada cuente con toda la información necesaria para decidir de forma competente, sino derechamente para obstaculizar tal derecho e inducir su decisión".
Agrega que "el proyecto es tramposo", porque esconde, que con el párrafo se introduce un criterio adicional –el de actividad cardíaca del embrión o feto- "a las ya limitadas tres causales que permite la ley en Chile y en la que además se obliga al médico a negarse a practicar la interrupción del embarazo, pasando así abiertamente por sobre la autonomía de la paciente".
La experta proyecta que aceptar tal criterio abriría la puerta a que, del mismo modo, "médicos tengan atribuciones para intervenir en las decisiones autónomas de pacientes, por ejemplo, el de no continuar determinados tratamientos o rechazar terapias, con datos, imágenes u otros materiales sensibles, con el fin de que recapaciten sobre sus decisiones".
"Más allá de discusiones que cataloguen la medida como 'tortura' o no, lo cierto es que buscar y querer oír latidos cardíacos en un embarazo no deseado, jamás puede significar un bien para la mujer que atraviesa ya una situación horrorosa, sino que viene más bien a sumarle presión, estrés emocional y por ello, a coartar abiertamente su legítimo rechazo a un embarazo que, aunque deseado, no prospere o afecte su salud", cerró la experta.
"Haber convertido el crimen en ley en Chile a través de 3 causales no es algo bueno. Tampoco es bueno lo que produce el aborto, tanto como terminar con la vida de ese ser humano que está dentro del vientre de una madre, como también lo que pasa posteriormente con ella misma", subrayó.
