La contratación del yerno de la senadora Fabiola Campillai (IND) como conductor de apoyo en el Senado, pese a enfrentar una investigación vigente por amenazas y contar con otros antecedentes penales, desató este martes una serie de reacciones transversales en el Congreso.
Mientras algunos parlamentarios cuestionaron la contratación de familiares y llamaron a fortalecer los controles internos, otros defendieron la explicación entregada por la legisladora, quien aseguró que desconocía los antecedentes del funcionario.
El caso fue revelado por un reportaje de Canal 13, que informó que Gerard Cortés Guerrero fue contratado a honorarios por el Senado como reemplazo del chofer titular de la parlamentaria, con una remuneración de $1 millón mensual. Tras conocerse los antecedentes, Campillai afirmó que, de haberlos conocido, "esta contratación nunca se habría efectuado" y precisó que el trabajador ya no presta funciones.
Desde la oposición, la diputada Carolina Cucumides (PS) sostuvo que "los parlamentarios y ninguna autoridad puede contratar a familiares. Tenemos que respetar la ley y, si somos quienes legislamos, no podemos pasar por sobre ella", afirmó, agregando que existe disposición para revisar las normas que regulan la contratación de asesores.
En la misma línea, la diputada Andrea Parra (PPD) manifestó que "estamos continuamente en los medios por contrataciones indebidas y tenemos que conversar respecto de las señales que le estamos dando a la ciudadanía. Si en esta Cámara, donde estamos obligados a cumplir la ley, no cumplimos ni la ley ni los preceptos éticos, estamos en el peor de los mundos", sostuvo.
Si bien expresó respeto por la senadora Campillai, enfatizó que "no se pueden contratar familiares" y planteó que deben fortalecerse los controles internos. "Los funcionarios finalmente son funcionarios del Congreso y debiera existir una revisión de antecedentes. Han fallado los controles internos y tenemos que perfeccionar los sistemas para recuperar la institucionalidad del Parlamento", agregó.
Una mirada distinta expresó la senadora Yasna Provoste (DC), quien defendió la explicación entregada por Campillai y apuntó a los procedimientos administrativos del Senado. La parlamentaria señaló que conversó con la senadora y recordó que "ella ha dicho públicamente que, de haber conocido estos antecedentes, no lo hubiese contratado jamás".
Asimismo, indicó que durante la reunión de comités se informó que, al momento de efectuarse la contratación, la revisión realizada por la unidad especializada del Senado no arrojó antecedentes penales. "No somos las y los senadores quienes contratamos a las personas; existe una unidad especializada del Senado que realiza ese proceso", sostuvo.
El diputado Patricio Briones (PDG) calificó como "curioso" que una autoridad desconociera la prohibición de contratar familiares y aseguró que el caso afecta la confianza ciudadana. "Habla de la poca probidad y la poca pericia respecto de funciones que están completamente claras. Es importante dar señales de transparencia, principalmente con quienes trabajan en la labor legislativa", afirmó.
Reacciones desde el oficialismo
Desde el oficialismo, en tanto, las críticas fueron más duras. El diputado Eduardo Cretton (UDI), por su parte, sostuvo que "uno tiene que practicar lo que predica" y afirmó que la función parlamentaria exige estándares más altos de transparencia.
"Esperemos que la situación se aclare y, por supuesto, que no se siga insistiendo en contratar personas que tengan antecedentes penales o vínculos con organizaciones criminales", indicó.
En tanto, el diputado Miguel Ángel Becker (RN) señaló que "si a ella le parece contratar a una persona con antecedentes penales, lo puede hacer, pero lo mejor sería que no tuviéramos personas con antecedentes penales dentro del Senado o de la Cámara de Diputados".
El diputado José Carlos Meza (Republicanos) también cuestionó la contratación y sostuvo que este tipo de casos "terminan afectando profundamente la confianza de la ciudadanía con el mundo político y con el Congreso". A su juicio, el episodio vulnera dos principios fundamentales. "La ciudadanía lo sabe, estamos en una lucha contra el nepotismo, presentando la ley antipituto para que familiares de senadores no sean contratados a dedo en la administración del Estado, y nos encontramos con un caso como este en el propio Senado", afirmó.
Asimismo, advirtió sobre las implicancias en materia de seguridad. "Una persona con antecedentes penales y que está siendo investigada por un delito puede entrar libremente al recinto del Senado o de la Cámara, sin ningún tipo de control. Habla también de la vulneración de la seguridad a la que la senadora, lamentablemente, sometió a todos sus colegas", concluyó.
