El Gobierno comenzó a delinear los primeros detalles de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), el paquete de medidas anunciado por el Presidente José Antonio Kast en Cadena Nacional anoche y que busca endurecer la estrategia del Estado frente a la delincuencia organizada.
Entre las principales iniciativas destacan la intervención permanente de los 50 barrios con mayores índices de criminalidad del país y el fortalecimiento del rol de las Fuerzas Armadas mediante cambios legales que amplíen sus atribuciones y entreguen mayor protección jurídica.
Tras el anuncio presidencial, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, entregaron nuevos antecedentes sobre cómo se implementará el plan, enfatizando que la estrategia combinará reformas legales, despliegue operativo y un mayor respaldo a las policías.
El ministro de Seguridad sostuvo que la agenda presentada por el Ejecutivo busca marcar un cambio en la forma en que el Estado enfrenta a las organizaciones criminales y terroristas.
"Efectivamente, lo que ha anunciado el Presidente Kast (...) es nuestra agenda contra el crimen organizado y terrorismo y es una respuesta contundente", afirmó.
Arrau aseguró que las medidas no solo contemplan un paquete legislativo, sino también acciones de gestión destinadas a fortalecer el trabajo policial y la seguridad municipal. "Se acabó que el crimen organizado controla nuestras fronteras (...) nuestras calles, nuestras cárceles", señaló.
Ampliar el despliegue de las Fuerzas Armadas
Otro de los anuncios abordados por Arrau fue el posible fortalecimiento del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Consultado sobre la posibilidad de incrementar su presencia en las calles, el ministro destacó el trabajo que actualmente desarrollan en distintos frentes y confirmó que el Ejecutivo analiza modificaciones legales para ampliar sus facultades.
"Fuerzas Armadas es un gran aporte", afirmó, recordando que actualmente colaboran "en las fronteras, en la macrozona sur, en las ciudades, rutas".
En ese contexto, señaló que el Gobierno estudia ajustes al proyecto de infraestructura crítica y a los estados de excepción constitucional para ampliar su participación cuando sea necesario.
Según explicó, el objetivo también es entregar mayores resguardos legales al personal militar. "Tenemos que darle el respaldo jurídico necesario porque lo que no queremos es que personal policial y militar en cumplimiento de su deber estén después siendo perseguidos por la justicia".
Barrios críticos
Uno de los ejes de la agenda será la intervención de los 50 barrios considerados más complejos del país. Según explicó Alvarado, la selección no responderá a decisiones políticas, sino a antecedentes objetivos elaborados por las policías y organismos especializados.
"La definición de esos 50 barrios va a estar dada por indicadores de criminalidad que existen y delincuencia. Hay distintas estadísticas que manejan el Carabinero, la organización especializada. Y se van a definir criterios para intervenir esos barrios", sostuvo a 24 Horas.
El secretario de Estado añadió que el listado aún está siendo afinado por el Ministerio de Seguridad y que será dado a conocer próximamente. "El ministro Arrau está trabajando en eso, yo creo que pronto lo va a anunciar", señaló.
Respecto de la forma en que operará el plan, Alvarado aseguró que el objetivo es mantener una presencia constante del Estado en esos sectores. "La idea es que tengan mayor vigilancia policial", afirmó, agregando que "el copamiento (...) sea de carácter permanente y que existan apoyos tecnológicos que permitan tener un mejor control sobre estos sectores específicos".
En esa línea, remarcó que la estrategia busca diferenciarse de operativos temporales. "No se trata de intervenciones aisladas, se trata de intervenciones más profundas, de carácter más permanente, que permitan reducir los índices de delincuencia en ese sector".
Consultado por el riesgo de estigmatizar a los vecinos de estos sectores, Alvarado defendió la iniciativa asegurando que "el bien superior es precisamente que las familias que viven en esos barrios puedan estar liberadas de la delincuencia", enfatizando además que el trabajo se desarrollará con apoyo de las comunidades y en coordinación con las policías.
