El gobierno arrancó con la tramitación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) este lunes, con la firma del Presidente José Antonio Kast al proyecto de reforma constitucional.
Esta dispone cinco puntos: consagrar en la Carta Magna la seguridad pública como un deber del Estado; la creación de un nuevo estado de excepción; un registro de organizaciones criminales; regímenes penitenciarios diferenciados y más facilidad para incautar bienes de estas organizaciones.
La redacción de la reforma contó con meses de preparación. En la cartera de Seguridad detallan que cuatro abogados constitucionalistas cercanos al sector asesoraron al ministerio para su elaboración. También se conversó con algunos parlamentarios y presidentes de partidos oficialistas, como el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella.
Factor Italia
Como modelo, el gobierno miró Italia para homologar tanto el listado de bandas de crimen organizado, como el régimen de aislamiento carcelario "41-bis". En lo primero, se establece que pertenecer a una banda criminal ya es delito y se permite la incautación temprana de bienes, afectando el artículo 19 de la Constitucional, referido al derecho de propiedad.
Para elegir esas diez bandas, el Ministerio de Justicia y el de Seguridad confeccionarán la lista, con consulta a la Fiscalía, y se la entregarán Presidente para que vise la nómina. El plan del Ejecutivo es que el Senado se pronuncie en un máximo de 30 días.
Ayer, presente en la firma de la reforma constitucional, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, explicó que "en cada oportunidad en que tenemos un juicio en el cual le atribuimos a una persona la participación en una organización criminal, no solo tenemos que probar las actividades de esa persona, sino que tenemos que probar la existencia de la organización criminal".
"Por ejemplo, cuando tenemos personas que están en este proceso de extradición, ya juzgamos a un grupo, vienen otros sujetos por los mismos hechos que estaban fuera del país, los extraditamos, tenemos que repetir, no solo el juicio completo, sino que además tenemos que probar nuevamente hasta la existencia de esa organización criminal con riesgo de impunidad, porque en algún momento podemos tener problemas con la prueba", dijo.
Y agregó que esta "es una institución en la que estamos recogiendo buenas prácticas del extranjero, no es un asunto que en Chile estemos, de alguna manera, innovando muy significativamente, y valoramos de manera muy importante que se intente legislar sobre el particular".
"Es una institución en la que estamos recogiendo buenas prácticas del extranjero, no es un asunto que en Chile estemos, de alguna manera, innovando muy significativamente, y valoramos de manera muy importante que se intente legislar sobre el particular".
Fiscal Nacional
Por la incautación de bienes de organizaciones criminales, advirtió que "a veces gastamos más dinero del que obtenemos como consecuencia de las incautaciones, producto de los gastos en aparcamiento, en bodegaje, etcétera. Hoy día nos parece que eso necesita, tal como lo hemos planteado en anterioridad, una reforma integral, y celebramos entonces que el Ejecutivo esté tomando cartas en el asunto".
El régimen carcelario diferenciado también se basa en el modelo italiano 41-bis, que radica en el aislamiento de los líderes de la mafia. Este régimen funciona desde 1980 en ese país, y ha sido elogiado en más de una oportunidad por Kast.
Expertos en seguridad la catalogan como uno de los dos grandes modelos carcelarios en el mundo y aseveran que su efectividad está probada. Sydney Houston señaló que "el modelo italiano para desarticular a las cúpulas de las mafias funcionó, es el hecho de la causa. Penas más cortas pero con cumplimientos en régimen penitenciario estricto. Vale decir, sin contacto con el exterior, les ha inhibido de poder seguir liderando sus organizaciones".
"En la década el 90, a lo que más le temían los líderes de los carteles de la droga colombiana, era a la extradición, su régimen cerrado sin contacto al exterior era el mayor temor de líderes, como por ejemplo, Pablo Escobar, que inició una guerra contra el Estado colombiano para prohibir la extradición", apuntó.
"El modelo italiano para desarticular a las cúpulas de las mafias funcionó, es el hecho de la causa".
Sydney Houston
Y afirmó que "estos ejemplos
hablan que si los líderes del crimen organizado, narcotráfico o terrorismo temen a este régimen carcelario, ya que dejan su liderazgo y su pertenencia a estos grupos, y podrían inhibir a otros líderes a traer sus negocios ilícitos al país".
A su vez, Juan Castañeda, investigador de la Universidad Autónoma, señaló que "en el caso chileno, el problema que estamos teniendo, al igual que el resto de países de América Latina, es que la cárcel se ha transformado en un espacio, por así decirlo, de cuartel general del delito. Entonces, los grandes modelos que se están debatiendo a nivel internacional sobre el régimen penitenciario, uno es el modelo centroamericano, estableciendo la categoría de modelo Bukele, y el otro, que se ha revisado desde hace años, es el modelo de 41-bis y 47-bis italiano, que tiene ciertas particularidades: Un control exhaustivo a los líderes, por ejemplo, de la mafia, en el caso italiano.
Como sea, observó que "esto podría ser factible si solo si, primero, recibe respaldo parlamentario, pero, en segundo lugar, también se requiere una transformación del marco jurídico y legal chileno, sobre todo en un marco jurídico que da altas garantías del denominado debido proceso".
"En el caso italiano, no solamente es el régimen penitenciario, sino que también es un cambio cultural y legislativo, jurídico, en la lógica de un Estado de emergencia que restrinja libertades, y se mute desde un estándar de altas garantías a uno donde se establezca que la seguridad es un bien universal y esencial para la sociedad".
Nuevo estado de excepción y detractores al cambiar el artículo 1
El otro gran punto de la reforma, es lo referido al nuevo Estado Constitucional de Seguridad Pública. En el gobierno explican que este permitirá aplicar control de tránsito, toque de queda a menores de edad, suprimir libertad de desplazamiento y comunicaciones, en la línea de que permitiría escuchar todo lo que se hable en una zona determinada.
"No veo razón de ser para modificar el artículo 1, entendiendo además que es un artículo que es la directriz de toda la Constitución".
Andrés Longton
La herramienta se aplicaría en barrios o "polígonos" específicos. Al momento, hay 13 identificados donde las condiciones de delitos harían aplicable este estado.
Finalmente, al reforma constitucional busca consagrar en el artículo 1 de la Carta Magna la seguridad pública como un deber del Estado. Sin embargo, la iniciativa ya encuentra detractores al interior del oficialismo.
"Yo creo que el concepto de la constitución del artículo 1 es lo suficientemente amplio porque habla de la seguridad de la nación y eso comprende la seguridad interior y exterior del Estado. Por lo tanto, yo hoy día no veo razón de ser para modificar el artículo 1, entendiendo además que es un artículo que es la directriz de toda la Constitución", dijo el senador Andrés Longton (RN) a Desde La Redacción, de La Tercera.
Advirtió que "tengo que ser persuadido de algo distinto para poder cambiar de opinión, pero yo hoy día por lo menos lo veo como algo más simbólico".
El pasado jueves, el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, si bien se allanó a discutirlo, sí comentó que "si usted me pregunta a mí la reforma constitucional que sí yo haría con toda profundidad, es un estado de excepción acotado y específico".
