En un juicio calificado como histórico, el 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este lunes a 17 personas, entre ellos, 9 médicos extranjeros por el megafraude a Fonasa mediante la emisión de licencias médicas falsas.
La Fiscalía Metropolitana Oriente, a cargo de la investigación, cifró en $31.571.798.643 el perjuicio contra el sistema público de salud.
Entre los médicos condenados, la penas más alta supera los 21 años de presidio efectivo. "Otros médicos fueron condenados a 16, 15 y 13 años de presidio", indicó el fiscal Álvaro Pérez.
Pero no solamente profesionales de la salud fueron condenados en este proceso, sino también captadores y algunos compradores de licencias médicas que no quisieron una salida alternativa y fueron a juicio.
"El tribunal hizo una declaración previa en orden a la relevancia, la importancia, la trascendencia de este juicio, y lo que estaba comprometido en definitiva: La confianza pública. Se hizo referencia también al patrimonio fiscal y cómo en definitiva el patrimonio fiscal en el caso del Fondo Nacional de Salud se trata del patrimonio de todos los chilenos y fundamentalmente obviamente los que hacen uso de este sistema de salud", destacó el persecutor.
"Destaca también la importancia de la licencia médica como un instrumento de seguridad social y lo que está detrás, insisto, es el cuidado de los recursos fiscales y cómo a través de este tipo de empresas criminales lo que se ve afectado son las prestaciones que el Fondo Nacional de Salud muchas veces deja de poder financiar dado este tipo de fraude", agregó.
Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía presentó pruebas para establecer que los imputados crearon centros médicos de fachada con el objetivo de emitir licencias fraudulentas. Si bien el monto estimado por el Ministerio Público supera los 31 mil millones de pesos, el monto real defraudado podría ser mayor "considerando que otros centros médicos que no fueron objeto de juicio. Estamos hablando de más de $50 mil millones".
Delitos
Los imputados fueron condenados por los delitos de emisión de licencias falsas, asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos.
Los médicos recibieron penas efectiva de cárcel. Para el resto, se les concedió libertad vigilada intensiva al obtener penas que no superan los cinco años de presidio, siendo estos compradores de licencias y captadores.
Los jueces
Al momento de leer su sentencia, los
jueces José Pérez y Grace Díaz emitieron duros comentarios contra el actuar de los médicos.
"La cuantiosa pérdida de recursos públicos que estas conductas provocaron, repercute directa e inevitablemente sobre la calidad, cobertura y suficiencia de las prestaciones sanitarias a que acceden todos los ciudadanos beneficiarios del sistema estatal de salud", sostuvo Díaz, según publica La Tercera.
Agregó que "la naturaleza excepcional de las conductas juzgadas” y el volumen de los ilícitos cometidos a través de las tres estructuras asociativas acreditadas, denominadas Mitite, Prevenir y Campos. Configuraron un aprovechamiento sistemático del sistema previsional de salud chileno".
Asimismo, los magistrados señalaron que los médicos colombianos "manipularon y trastocaron el sistema de subsidios por incapacidad laboral consagrado en la legislación nacional. Lejos de honrar la confianza institucional que el Estado de Chile depositó en ellos al franquearles el ejercicio de la profesión médica en su territorio sobre las bases de relaciones internacionales vigentes con su país de origen, los acusados médicos abusaron de las facilidades y prerrogativas conferidas por el ordenamiento jurídico chileno".
Profundizaron que "transgrediendo abiertamente los deberes éticos y legales que emanan del acto médico, junto a los facilitadores no facultativos que se sumaron a esta empresa delictual, participaron, cada uno en el rol y con la aportación funcional que se ha establecido en los considerandos que anteceden, en la emisión y venta sistemática y masiva de licencias médicas ideológicamente falsas, obteniendo por esa vía cifras exorbitantes de dinero de origen ilícito y ocasionando uno de los mayores fraudes al erario fiscal de que se tenga registro en la historia judicial reciente del país".
De acuerdo al citado medio, en cuanto a la sanción, señalaron que "expresa además la necesidad político-criminal de reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico frente a un fenómeno delictivo de dimensiones inéditas en el país, cuya reaplicación futura debe ser prevenida mediante una respuesta sancionatoria que resulte proporcional a la extraordinaria gravedad, extensión temporal, sofisticación organizativa y lesividad social de los hechos que se han tenido por acreditados".
