Este lunes, la decisión del Gobierno de bajar de suma a urgencia simple la reforma constitucional de seguridad generó distintas reacciones entre los parlamentarios, con algunos sectores valorando el mayor plazo para buscar acuerdos y otros insistiendo en que el Ejecutivo debería retirar la iniciativa y presentar un nuevo proyecto.
El Ministerio Secretaría General de la Presidencia informó que la reforma tendrá ahora urgencia simple, con un plazo de 30 días, y continuará su tramitación en la Comisión de Constitución del Senado.
La decisión se conoce en medio de las diferencias que ha generado la iniciativa, particularmente respecto del nuevo estado de excepción que propone el Ejecutivo, además de otras materias como la incorporación del concepto de seguridad pública en la Constitución y los listados de organizaciones criminales y terroristas.
Desde la UDI, el diputado Eduardo Cretton valoró la decisión del Ejecutivo y sostuvo que "nosotros lo planteamos desde un principio, creemos que esta reforma constitucional para poder alcanzar el quórum que necesita requiere juntar 4/7, son 29 votos, y por lo tanto hay que tener una conversación con el resto de los senadores para poder llegar a un acuerdo, rescatar aquellas cosas que nos parecen que son esenciales de esta reforma constitucional".
"Lo dijo hoy día el presidente José Antonio Kast, el estado de excepción, también incorporar el concepto de seguridad pública en la Constitución y evidentemente también estos listados de organizaciones criminales y terroristas. Creemos que eso es el corazón de la reforma y creo que esto que hace el Ejecutivo para tener más tiempo para poder conversar mejor respecto a esta reforma, para poder afinarla y que finalmente termine siendo una reforma que nos permita efectivamente combatir de mejor forma el crimen organizado y el narcotráfico", agregó.
Por su parte, el diputado Mauro González (RN) manifestó que "nos parece que es la línea correcta para poder seguir conversando, dialogando, especialmente en el Senado. Debemos entender que la prioridad debe ser la agenda de seguridad, que aquello que causa controversia se debe resolver a la brevedad".
"Para poder avanzar, no podemos seguir discutiendo otra semana más y dilatando un acuerdo, así que me parece muy bien que el gobierno esté disponible a a quitarle la la urgencia y que esté dispuesto a dialogar y hacer los cambios necesarios", agregó.
La diputada Chiara Barchiesi (Republicanos) sostuvo que "el Gobierno del Presidente Kast entiende que la seguridad no puede seguir esperando en una comisión del Congreso. Por eso puso urgencia a 23 proyectos y discusión inmediata a 10. Necesitamos más herramientas para nuestras policías, más capacidad para perseguir al crimen organizado y recuperar nuestros barrios. El Congreso tiene que entender que mientras nosotros discutimos, los delincuentes actúan. Y Chile necesita que el Estado actúe primero".
Desde la DC, el diputado Patricio Pinilla sostuvo que "me parece que es lo mínimo que podía hacer. Algunos pedíamos incluso que se hubiera retirado la propuesta y haber avanzado de una manera un poco más homogénea, incorporando todas las los comentarios y las observaciones que han existido de todos los sectores políticos, pero por lo menos es un espacio para generar algún tipo de acuerdo".
En esa línea, el diputado sostuvo que "se valora para poder entrar a una discusión interesante y donde podamos también con varios argumentos, y ojalá que el Gobierno también lo entienda así, poder demostrar que gran parte de las reformas no son necesarias, otras tienen que ser un poquito más acotadas y la última quizás sí pueden ser un aporte".
En particular, Pinilla cuestionó la necesidad de incorporar nuevos conceptos a la Carta Fundamental y planteó alternativas para algunas de las materias de la propuesta.
"Es necesario modificar o agregar conceptos nuevos porque la Constitución ya lo agrega todo, por ejemplo, el concepto de seguridad. El estado excepción a lo mejor mejorar el estado excepción de emergencia que hoy existe sin necesidad de crear uno nuevo", afirmó.
Desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva tuvo una lectura más crítica de la decisión del Ejecutivo y sostuvo que bajar la urgencia no resuelve los cuestionamientos de fondo que existen respecto de la iniciativa.
"Me parece que el Gobierno escucha en lo que ha planteado incluso el propio oficialismo, pero no lo toma de verdad de fondo. El Gobierno realiza un gesto mínimo a un proyecto que es criticado incluso por sectores del oficialismo. El restar la urgencia no modifica el proyecto", afirmó.
"Lo que debiera a mi juicio el Gobierno si quiere insistir en un proyecto es retirarlo, consensuar trabajar hacer un trabajo prelegislativo con su gente, con la gente del oficialismo y presentar un nuevo proyecto de ley", señaló.
Finalmente, Leiva advirtió sobre el escenario que podría enfrentar la iniciativa si continúa su tramitación en los términos actuales: "Si no, este proyecto se va a rechazar en general y no puede volver a discutirse en un año más".
