Con un llamado a "recapacitar" y a "dejar falacias de lado", el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó el rechazo a la reforma constitucional impulsada por el Gobierno para ampliar el plazo de detención y hacer efectiva la ejecución de expulsiones administrativas de migrantes irregulares.
La iniciativa obtuvo ayer en la Cámara de Diputados 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a un voto de los 89 respaldos requeridos para alcanzar el quórum de cuatro séptimos.
En diálogo con Tele13 Radio, Arrau señaló que "es importante poner la pelota en el piso aquí y que en casos de ingresos irregulares por pasos no habilitados "si es que el Estado de Chile quiere expulsar a esta persona, es un proceso muy cuesta arriba. Nosotros como Ministerio de Seguridad estamos enfocándonos en las personas que delinquen o que tienen antecedentes afuera, desde el ámbito de la seguridad, nosotros no vemos el ámbito migratorio y eso que lo ve el Ministerio de Interior, pero desde el punto de vista de la seguridad teníamos interés en agilizar estos trámites".
El secretario de Estado explicó que "cuando hay una persona en situación irregular se le lleva al cuartel, se denuncia de su situación, después al poco tiempo hay que encontrarla de nuevo para notificar que hay un orden de expulsión, esa persona a veces hay que notificarla dos o tres veces porque no es sabida, y después hay que encontrar de nuevo a esa persona para materializar el orden de expulsión. Eso toma meses, es un costo para el Estado, y es lo más inoficioso que hay (...) es muy cuesta arriba, es muy trabajoso, caro, lento y poco práctico".
"Cuando logramos encontrar a esta persona, tenemos cinco días para poder materializar la expulsión. Depende si el país tiene o no relación consular, si es que hay vuelo o no hay vuelo, en cinco días es muy difícil", reconoció.
Arrau relató que en el caso de países de la Unión Europea se tiene un plazo de hasta 100 días de retención, "y esta reforma partió con mucho más, pero el acuerdo que se había llegado en la comisión era 30 días, y después de los 30 días una revisión judicial para poder extenderlo por otros 30 días. Ese era el acuerdo que había, el acuerdo de votarlo afuera en la sala con la mayoría de la comisión, y no se cumplió ese acuerdo", mencionó.
A juicio del titular de Seguridad, "se le está quitando la posibilidad a Chile de una herramienta bastante razonable (...) Acá no sé qué interés primó, y yo voy a ser muy responsable de esto. Yo los llamo a recapacitar. Yo creo que el Gobierno va a tratar de reinsistir en este proyecto, lo cual legalmente es difícil porque necesitamos dos tercios, pero vamos a tratar de reinsistir porque es una herramienta fundamental para poner orden, en mi punto de vista, de seguridad al menos con las personas con antecedentes o que delinquen, y empezar a poner orden en nuestro país".
Ante la preocupación de parlamentarios por los lugares en que se retendría a los migrantes irregulares, Arrau ironizó con que "me encanta esta responsabilidad parlamentaria que les baja a veces. Es decir, cada ley penal, que han aprobado todas, ellos deberían preguntarnos dónde vamos a retener a los presos. Y Chile tiene 65.000 presos y capacidad de 40.000 y seguimos aprobando leyes. Ese era el argumento. Entonces, yo quiero dejar esas falacias de lado".
El ministro aseguró que el proceso se realiza en "centros de retención administrativa, porque es una orden administrativa para que la persona pueda salir del territorio nacional porque él no tiene la autorización para estar dentro. Esa es la gran diferencia. Por eso se habla de centros de retención y no centros de cumplimiento de penas, que son las cárceles, y eso es lo que funciona".
"Se le está quitando la posibilidad a Chile de una herramienta bastante razonable (...) Acá no sé qué interés primó, y yo voy a ser muy responsable de esto. Yo los llamo a recapacitar".
Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública
De aprobarse esta ley, el ministro mencionó que "hay que habilitar centros de retención administrativa, que eso es lo más fácil que hay. Hay que buscar la instalación, se arrendará una instalación, se habilitará. Pero hoy día lo que estamos discutiendo es una habilitación constitucional para avanzar en esto".
"Digamos la verdad, acá hay sectores políticos que creían en la migración libre, en la plurinación, en la Latinoamérica no sé qué, que permitieron que tuviéramos crisis migratorias enormes y que, aparentemente, no quieren que Chile tenga herramientas para solucionarlo. Si eso es, son los mismos de siempre", lanzó.
En esa línea, apuntó contra la oposición y afirmó que "votan en contra de todas estas cosas (...) ayer hubo 50 votos que no permitieron que esto se aprobara, o sea, no es un voto. Y yo espero que recapaciten".
