La Municipalidad de Temuco acaba de ganar una querella en tribunales y obtener una condena efectiva contra
dos administradores de salas de "juegos de destreza", la cual ordena la
destrucción de 130 máquinas de azar.
Se trata de una estrategia jurídica que involucró una coordinación con el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, Servicio de Impuestos Internos (SII) y Casino Dreams, consignó El Austral de Temuco.
La condena revela un giro importante en la persecución del llamado "juego ilegal", considerando que la condena ordena el decomiso de las máquinas, la destrucción de estas mismas y la incautación de $14 millones a beneficio fiscal.
Las órdenes cortan el mecanismo que venía dándose con anterioridad, dado que en el pasado las máquinas permanecían en custodia en bodegas municipales por definiciones judiciales y posteriormente podían volver al mercado mediante recursos de protección interpuestos por los administradores de esos negocios.
La directora de Asesoría Jurídica del municipio, Muriel Maturana Arriagada, expresó que "esto marca un hito a nivel nacional en cuanto al tratamiento de este tipo de causas, y porque logramos un trabajo articulado con distintos organismos e instituciones que participan; y porque esperamos que al obtener esta sentencia abramos camino a lo que va a pasar con el resto de los formalizados y las sentencias que quedan por obtener".
Añadió respecto a la persecución de casinos ilegales que "hay reiteración de locales que han sido clausurados, han sido cerrados y vuelven a abrir, así que vamos a seguir desarrollando el trabajo necesario y coordinado (...) para seguir detectando locales y persiguiéndolos judicialmente hasta obtener, en todos ellos, ojalá sentencias".
En tanto, el abogado del Departamento de Litigios de la Municipalidad de Temuco, Francisco Vergara, afirmó que "hemos mantenido comunicación con la Superintendencia de Casinos y ellos nos han manifestado que, como municipalidad, somos uno de los primeros organismos que ha atacado este procedimiento y son las primeras sentencias a nivel nacional que salen con una condena".
"No solo es un hecho histórico que marca jurisprudencia, sino que hay una obligación; porque la Contraloría nos ha obligado al organismo específico, que es la municipalidad, a fiscalizar este tipo de comercio. Mantenerlos es mantener una ilegalidad", subrayó el abogado.
