Subsecretario Máximo Pavez.
Subsecretaría del Interior
El debate por seguridad sigue siendo una de las principales causas de la administración de José Antonio Kast,
el último asesinato a manos de un ciudadano extranjero en condición migratoria irregular, ha acelerado medidas.
En ese sentido, durante este lunes se aprobó en Comisión Mixta una nueva herramienta que le entregará facultades a la Policía de Investigaciones en materia de detección y detención de personas extranjeras que cometan delitos.
En ese sentido, la medida aprobada dicta que de ahora en adelante, la PDI podrá hacer ingreso a un domicilio cuando exista una autorización de un juez de garantía.
De esta forma se puede materializar su detención y posterior expulsión.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, celebró esta determinación adoptada por los parlamentarios:
"Es una de las innovaciones más decisivas que este proyecto de ley contempla para poder materializar el ordenamiento migratorio".
De 3 a 5 años para volver a entrar
Además, en esta misma comisión, se aprobó una segunda medida. Esta dispone que, una vez consumada la expulsión, la persona no podrá hacer ingreso a nuestro país en los próximos 5 años y no 3, como permite la normativa actual.
Por otra parte, este mismo proyecto permite que no sea necesario terminar un procedimiento penal en curso para concretarse la expulsión de una persona extranjera con condición migratoria irregular.
Esto permitiría estudiar casos de personas que se encuentran actualmente con privación de libertad y según sea el caso y gravedad de sus antecedentes, expulsarlos del país sin que termine su proceso legal.
"Una persona irregular, si es sujeto de un procedimiento penal para algunos delitos, se pueda expulsar sin tener que terminar completamente el procedimiento penal", cerró Pavez.
