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Despido de Dorothy Pérez: El caso que vuelve a poner cara a cara al contralor con la Corte Suprema

El CDE apeló a la decisión que ordenó restituir a la subcontralora, lo que deberá ser resuelto por la Tercera Sala del máximo tribunal que preside el ministro Muñoz, con quien Jorge Bermúdez se enfrentó en el TC y el Senado.

23 de Octubre de 2018 | 10:11 | Por Verónica Marín, Emol
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Bermúdez y Dorothy Pérez.

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SANTIAGO.- El contralor Jorge Bermúdez, representado por el Consejo de Defensa del Estado, presentó ayer ante la Corte Suprema la apelación al fallo que determinó que la subcontralora Dorothy Pérez debe ser reintegrada a la institución.

Esto luego que en agosto pasado la abogada se negara a renunciar, tras lo cual la principal autoridad declaró vacante su cargo por una pérdida de confianza. Sin embargo, la Corte de Apelaciones consideró que debe ser reintegrada al organismo y en el mismo puesto que ejercía.

Con la acción presentada ante el máximo tribunal, Bermúdez ya no solo se enfrentará a Pérez, sino que también volverá a verse las caras con los jueces que lo integran y, particularmente, el ministro Sergio Muñoz.

Contienda de competencias


Por las atribuciones propias de su cargo -y por la forma en que ha dirigido el organismo- el contralor ha mantenido conflictos con varias instituciones del Estado, donde uno de los más mediáticos fue justamente cuando llevó a la Corte Suprema hasta el Tribunal Constitucional por una contienda de competencias.

La problemática se basó en que, a juicio de Bermúdez, los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica (DGAC) debían ser traspasados al sistema de AFPs, pero la Suprema consideró que el régimen previsional que les correspondía era Capredena.

Pese a que el TC respaldó la postura del contralor, él fue más allá y promovió la contienda ante el Senado.

En su exposición ante la comisión de Constitución, el contralor señaló que "la actuación de la Excelentísima Corte Suprema vulnera las atribuciones que la Constitución y la ley han entregado a la Contraloría General de la República".

Y agregó que "si los demandantes pretenden que se modifique el régimen previsional que les es aplicable, la vía idónea para ello es la dictación de una ley que así lo disponga", y detalló que las consecuencias económicas que traería al fisco el traspaso de los 1.331 funcionarios serían $123 mil millones; anulando así la perspectiva de la Suprema.

En la instancia parlamentaria fue el ministro Sergio Muñoz el que representó a la Corte, y ahora es él quien preside la Tercera Sala de la Suprema, que es donde se determinará qué pasará con la actual disputa por Dorothy Pérez.

El magistrado, en su presentación ante el Senado por el caso de la DGAC, manifestó que la situación no es un problema económico, sino jurídico. Asimismo, que el contralor no puede dictaminar en materias litigiosas como es este caso, tampoco si están en conocimiento en tribunales.

"Lo más importante dentro del Estado no son las autoridades, lo más importante son las personas, son los administrados, los funcionarios", declaró el magistrado en marzo pasado ante la Cámara Alta.

Con todo, ahora Bermúdez espera que la Corte Suprema falle a su favor y desestime la decisión unánime que tomó la Corte de Apelaciones. En el texto que presentó apunta a que el cargo que Pérez ostenta es de "exclusiva confianza" y ya, para él, no cuenta con esta atribución, entre otros aspectos administrativos y orgánicos propios de la Contraloría.
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